El 13 de noviembre pasado hubo una manifestación en Sevilla para reclamar a la Junta de Andalucía la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y en recuerdo de las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista, convocada por la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática y la Asamblea Memorialista Andaluza. Acudimos unas 3.000 personas más o menos en representación de todas las asociaciones memorialistas de los pueblos y ciudades andaluzas.
La citada ley se fundamenta en los principios de "verdad, justicia y reparación' y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, tal y como recoge en su artículo 2º. Asimismo, hará efectivos tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena, artículo 3º.
Todas las reivindicaciones reclamadas por los asistentes a esta manifestación se basan en que, tras 46 años de la muerte del dictador, aún permanecen en el anonimato la historia de aquellos años y la memoria de los que dieron su vida por la defensa de las libertades. Tras la victoria del ejército sublevado en la guerra civil española, su memoria siguió vigente. El régimen establecido por Franco se preocupó de mantenerla viva, traumatizando la vida española durante muchos años, al permanecer activo su recuerdo, porque el lenguaje oficial se encargó de recordarlo día a día al referirse a los “vencedores” y “derrotados”, a los “buenos españoles” y a los “malos españoles, a los “patriotas” y a los “traidores” o “rojos”.
En la transición española, el pueblo español renunció a cualquier deseo de venganza a cambio de la búsqueda de la paz y de la democracia. El deseo colectivo de contribuir al restablecimiento de un régimen de libertades y del reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre condujo a que la sociedad corriera un tupido velo sobre los acontecimientos que sucedieron en muchos pueblos y ciudades al paso de las huestes franquistas. Así pues, se produjeron renuncias importantes entre los políticos activos en la instauración de la democracia: unos, renunciando a su ideología republicana y aceptando a la monarquía, otros, a la memoria histórica, aceptando una amnistía general.
Si unos y otros evitaron promover iniciativas conducentes a sacar a la luz pública muchos de los sucesos ocurridos y que la política y los políticos se encargaron de mantenerlos en un relativo olvido, no pudieron evitar que, desde los mismos instantes de establecerse un régimen democrático en España, muchos colectivos o personas individuales dedicasen su tiempo y esfuerzo a la búsqueda de datos sobre los acontecimientos que ocurrieron en la guerra civil o rastreasen las causas y los modos de la desaparición de sus seres más queridos.
Ahora, en estos momentos, existe una terrible premura por conocer los hechos acaecidos, basada, principalmente, en la inevitable desaparición de muchos testigos presenciales de aquellos acontecimientos, que nunca fueron conocidos y que fatalmente ocurrieron en muchos lugares de la geografía española. Para unos, la recuperación de la memoria histórica tiene el propósito de hacer justicia, de encontrar a familiares desaparecidos, de no dejar impunes los delitos cometidos antes y después de la guerra civil; para otros, no servirá más que para abrir heridas, levantar rencores que con el paso de los años han ido quedando en el olvido.
Ochenta y cinco años después del golpe de estado que dio origen a la guerra civil y a la posterior dictadura, se plantea en España un problema candente, la recuperación de la memoria histórica. Se dan posiciones diversas y encontradas. Para unos es una forma de reabrir heridas. Para otros, es una forma de cerrarlas. Conocida es la frase del célebre político inglés Winston Churchill: “Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”. Según una encuesta realizada por el Instituto Opina, el 64´5 por ciento de los españoles se muestra “partidario de que se investigue todo lo relativo a la guerra civil, se descubran las fosas comunes y se rehabilite a todos los afectados”.
El régimen franquista se encargó de airear, durante los 40 años de su permanencia, los sufrimientos, persecuciones y asesinatos padecidos por mucha gente en los territorios que permanecieron fieles a la República. A estas personas se les rendía homenaje todos los años, en todos los pueblos y ciudades de la geografía nacional, el día 20 de Noviembre, frente a la cruz de los caídos por Dios y por España. Un decreto de la jefatura del estado con fecha 16 de Noviembre de 1938 establecía, "previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas", que "en los muros de cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombres de sus caídos, ya en la presente cruzada, ya víctimas de la revolución marxista".
Pero se olvidó. Mejor, no quiso sacar nunca a la luz las persecuciones, sufrimientos, afrentas y asesinatos cometidos por sus hordas al paso de los pueblos y lugares que encontraban en su avance hacia los objetivos militares marcados. Durante muchos años, se presentó la guerra civil como una cruzada religiosa contra las ideas judeo-marxista-masónica, mostrando a los vencidos como meros seguidores de las ideas de Moscú y ejecutores de numerosas y sádicas atrocidades.
En la transición a la democracia, el miedo a una nueva confrontación civil se impuso contra el deseo de conocer el pasado. La renuncia oficial a la venganza, condición esencial para el cambio, se plasmó en una amnistía política que abarcaba no sólo a los que se habían opuesto a la dictadura, sino también a los culpables de crímenes cometidos al servicio de la misma. El espíritu de reconciliación y de concordia inspiró la Constitución (1978) que regula la convivencia entre todos los españoles.
Muchos historiadores se dedicaron en los años de la transición a la búsqueda de datos fidedignos de lo acontecido en la guerra civil y años posteriores, con el fin de hacerlos públicos, y así aparecieron libros y estudios sobre los aspectos más desagradables de la guerra en la Rioja, Cataluña, Aragón, Andalucía o Extremadura que se encontraron en la llamada zona nacional durante la contienda y en la posguerra.
Hoy, tras la ruptura del pacto de silencio que, de forma tácita firmaron los políticos que afianzaron la democracia en España, y, cuando ya ha pasado el suficiente tiempo para evitar contagios ideológicos, se ha abierto en todo el territorio nacional un deseo de conocimiento de los verdaderos acontecimientos ocurridos y que durante tanto tiempo se han ocultado. Ha empezado a difundirse el término de memoria histórica, cuando en realidad lo que se pretende es confeccionar la verdadera historia de la guerra civil, ya que la historia es la plasmación de la memoria de los hechos, con ciertos estudios de las causas que los originan y las consecuencias que se desprenden de ellos. La guerra civil no se convertirá en verdadera historia hasta que queden anulados los resentimientos y odios que ella produjo y los historiadores la puedan analizar con ojos críticos y no como una contienda entre buenos y malos, según la óptica ideológica de quienes la escriban o estudien, sino como una tragedia en la que pocos fueron los ganadores y muchos los que perdieron.
Antonio Elorza, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, cree que el momento es bueno: “El problema es que sigue habiendo mentalidad de guerra en algunos sectores. La clave es que sustituyamos las condenas y las reprobaciones por el diálogo y el análisis. Es bueno que se acabe con el tabú y que se acabe con los miedos de la guerra. Que haya una libre expresión y que la gente recuerde a sus muertos”.
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, añade un aspecto: “Los vencedores también sufrieron ejecuciones injustas, pero tuvieron 40 años para rendir homenaje a sus muertos. La otra parte no tuvo esa oportunidad”.
Por ello es necesario que la historia del periodo dictatorial sea estudiada y conocida en toda su integridad porque su conocimiento nos conducirá a la descripción de la realidad vivida y por tanto podremos pasar página a esta época tan oculta y vil para una parte importante de la sociedad española y, sobre todo, de aquéllos que perdieron a sus familiares, sin saber aún las causas y el lugar donde fueron arrojados sus cuerpos. Por ellos debemos seguir exigiendo la aplicación de las leyes de memoria.
