Andalucía no puede perder la memoria. Ése ha sido la reivindicación central de la manifestación de esta mañana frente al palacio de San Telmo. A esta manifestación, convocada por la plataforma de organizaciones memorialistas, se ha sumado una representación de Fuentes, con su alcalde, Francisco Martínez, a la cabeza. La Asociación de la Memoria de Fuentes había ofrecido la posibilidad de fletar un autobús, pagado por el ayuntamiento, para trasladar a los fontaniegos y fontaniegas que quisieran participar. Finalmente, un taxi mono volumen ha sido suficiente.

Unas tres mil personas procedentes de toda Andalucía se han manifestado desde el ayuntamiento de Sevilla hasta la explanada del palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz. Allí, una joven artista ha abierto y cerrado el acto cantando. El ex juez Baltasar Garzón se ha encargado de leer el manifiesto elaborado por la coordinadora de organizaciones memorialistas de Andalucía. También ha intervenido el ex secretario general de la Memoria Histórica, Luis Naranjo. En las palabras ha estado presenta la demanda de que la Junta deje de mirar para otro lado y aplique la ley de la memoria.

Acusan a la Junta de Andalucía de incumplir una ley hecha por esa misma institución, aunque la hiciera otro partido político. Según el manifiesto de la coordinadora de organizaciones memorialistas, la ley se fundamenta en los principios de «verdad, justicia y reparación» y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, hará efectivos tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena (artículo 3).

Sin embargo, nada de eso está haciendo el gobierno andaluz, según el manifiesto leído por Baltasar Garzón. "Por ello, las víctimas y sus familias, para las que exigimos respeto y sentido recuerdo, así como las organizaciones memorialistas, denunciamos la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de memoria histórica y democrática, lo que ha supuesto un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo", afirma.

Añade el manifiesto que "el avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias sobre todo al impulso y el empeño de la sociedad civil organizada, que ha compensado en parte el muy insuficiente compromiso por parte del Estado democrático en todos sus niveles territoriales, repetidamente denunciado por organismos internacionales".

Por todo ello, los manifestantes denuncian "la situación de paralización, recortes e involución en materia de memoria histórica y democrática con datos que no dejan lugar a dudas". Entre esos datos destacan que en materia de exhumaciones "el gobierno andaluz no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años de legislatura y tres presupuestos. El único presupuesto aprobado por la Junta para exhumaciones en 2020 han sido los 265.000 euros comprometidos desde 2017 por convenio, para la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla".