La polémica por razones ambientales ha acompañado a las megaplantas energéticas y a las megagranjas de porcino; ahora la opinión pública pone el foco en otros megas, los centros de datos, una infraestructura que apareció hace dos décadas para dar soporte a las tecnologías digitales, de las que hoy es difícil no hacer uso en nuestra vida cotidiana. Dicen que son imprescindibles para la economía del presente siglo.

Se trata de grandes construcciones cuyo cometido es albergar los servidores informáticos que almacenan y procesan la información que circula por la red. Dan soporte a la inteligencia artificial; además, al comercio electrónico, las redes sociales, la nube donde se almacena información o la emisión de contenidos en línea. Como si se tratase de colosales ordenadores, a los que se acusa de causar variados problemas ambientales, debido a sus grandes necesidades de energía, agua y materias primas. Eso sin contar la demanda de suelo allí donde los instalan, en colisión con usos agrícolas o urbanos. Y el problema de ruidos, una intensa contaminación acústica derivada del uso de ventiladores y otros sistemas, incompatible con vecindades habitadas.

Las crónicas que relatan estos días la cuenta atrás de las próximas elecciones en Estados Unidos se refieren con frecuencia al gran debate generado en esta campaña electoral sobre los centros de datos. Protestan los ciudadanos de Nuevo Méjico: No queremos centros de datos. Rechazan estas instalaciones los ciudadanos de Pensilvania. Son muy impopulares en Ohio. Han parado en seco en Texas, vista la oposición. La contaminación de aire, la escasez de agua o las subidas de las facturas de la luz son asuntos muy debatidos. Inicialmente tenían el tamaño de un hipermercado. Pero hoy han pasado a ocupar superficies equivalentes a centenares de campos de fútbol, o incluso más. En Estados Unidos existen actualmente 1.333 megacentros de datos, habiendo casi 2.400 más en fases de diseño o construcción. Levantan crecientes quejas, no solo contra la tecnología en sí, sino también contra los tecnomagnates que las impulsan.

Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, un 61% de ciudadanos está en contra de la construcción de estos centros cerca de sus vecindarios. Solo el 14% se muestran conformes. Lo paradójico es que gran parte de estos detractores son usuarios habituales de los servicios que proporcionan estas megainstalaciones. Así ocurre en otras facetas de la vida. Necesitan estos centros cantidades muy apreciables de energía, alrededor del 2% de la energía eléctrica mundial, pudiendo llegar al 20% en países como Irlanda. Se prevé que se duplicará en los próximos cinco años. Es energía que se consume por el funcionamiento de los mismos servidores, por su refrigeración y mantenimiento. Hay lugares donde dan lugar a apagones y sobrecargas. Este consumo energético lleva aparejado emisiones de carbono.

Para los sistemas de refrigeración no bastan los numerosos ventiladores, y el ruido que generan, hay que añadir. Es necesario el consumo de agua en grandes cantidades, que requiere ser tratada químicamente para evitar la proliferación de microorganismos o el depósito de minerales. Son unos volúmenes gigantescos, de millones y millones de litros, que contrastan con los déficits hídricos que se producen debido a nuestro clima. Dicen que estos servidores y sus equipos auxiliares necesitan renovarse cada cinco años, con lo que ello supone de consumo de minerales: boro, galio, germanio, litio, entre otros.

Con respecto al ruido, este se convierte en la mayor pesadilla para quienes viven en las cercanías. Hay ruido constante debido al funcionamiento de ventiladores industriales y sistemas de refrigeración. Si se producen cortes de energía, entran en funcionamiento motores diésel que aumentan ese ruido y las vibraciones. Y si esto no fuese suficiente, los equipos instalados emiten sonidos de baja frecuencia e infrasonidos; se perciben como un zumbido persistente, una vibración constante las 24 horas del día, que acaba causando insomnio, dolores de cabeza frecuentes y otros problemas de salud. También repercuten sobre la habitabilidad de los barrios urbanos, disminuyendo la calidad de vida.

En España proliferan los proyectos para instalar estos centros, siendo cada vez más frecuentes las protestas de colectivos vecinales y de grupos ecologistas, particularmente en tres comunidades autónomas: Aragón, Extremadura y Castilla y León. En ellas se están dando facilidades para hacer viables estas megaplantas. Salvemos los pinares de Venecia, dicen en Zaragoza, ante la posible ocupación de un espacio natural de la ciudad. No es sequía, es saqueo manifiestan por la región, ante el gran consumo de agua que se precisa para su funcionamiento. Mientras tanto, el gobierno regional avanza en la autorización de unos treinta proyectos, de firmas como Amazon, Microsoft o el fondo de inversión Blackstone. Quiere ser la región campeona nacional de centros de datos.

En Extremadura se critica que los centros de datos proyectados consumirán tanta energía eléctrica como toda la generada en la Comunidad. Ya hay algún caso en los tribunales. Varios colectivos piden paralizar proyectos en Zamora. Otros se oponen a los que se prevén en la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasará en Andalucía? Empresas promotoras y gobiernos regionales ponen el acento, para convencer, en las grandes inversiones y los empleos que se generarán, aunque parece haber cierta desproporción entre las cifras de una cosa y otra. En España se cuentan cerca de 250 centros de datos, entre instalados y previstos. El oligopolio de compañías eléctricas manifiesta que hay potencia instalada suficiente en nuestro país como para dar servicio a estos nuevos centros.

Está en tramitación un real decreto al que las comunidades citadas se oponen, ya que creen que se dificultaría la viabilidad de los proyectos que promueven. Para el Gobierno, los centros de datos abren “una oportunidad para el avance de la digitalización del país y para la contribución a la soberanía digital europea, si bien requiere ordenación para priorizar los proyectos que maximicen las oportunidades económicas y sociales, contribuyan a dichos objetivos de resiliencia y soberanía digital, y sean compatibles con los objetivos de sostenibilidad energética y medioambiental establecidos”. Ahí es nada. Se pretende establecer obligaciones de transparencia y publicación de datos sobre rendimiento energético y huella hídrica. Se exige que al menos el 80% de la energía eléctrica consumida proceda de fuentes renovables y niveles de eficiencia energética. Habrá límites al consumo de agua. Si hay incumplimiento se prevén fuertes sanciones.

Es el paso que se pretende dar en nuestro país. Mientras tanto, unos apuestan por menos instalaciones, porque la transición ecológica vaya acompañada de una desdigitalización -aprovechando el creciente malestar digital en la sociedad- y otros -los Google, Amazon y demás- por instalar los centros de datos en el mar o incluso en el espacio o la superficie de la luna, donde dicen que habría energía solar de manera continua. En una zona agrícola de Devon, al suroeste de Inglaterra, se proyecta uno de los centros de datos más grandes de Europa. Los vecinos se oponen mayoritariamente. En las tiendas cuelgan carteles contra el monstruo de datos. El debate está sobre la mesa.