Hay fenómenos políticos que se explican por lo que proponen y otros que solo se entienden por lo que destruyen. El llamado «antisanchismo» pertenece inequívocamente a la segunda categoría. No es oposición programática —no articula un proyecto alternativo coherente, no debate indicadores ni gestión—, sino algo cualitativamente distinto: la construcción artificial y sostenida de un estado de animadversión sistémica cuyo único propósito es cristalizar un rechazo visceral e irreversible hacia la figura de Pedro Sánchez Castejón.
Conviene, sin embargo, no confundir irracionalidad con ineficacia. La apuesta, aunque perversa, tiene su lógica: si consigues que el votante decida con las vísceras antes que con la cabeza llegará a las urnas convencido de que está combatiendo a un «monstruo» y no necesita que le expliques qué vas a hacer con las pensiones, cómo piensas gestionar la vivienda o qué modelo energético propones. El miedo y el odio son combustibles más baratos y más eficientes que cualquier programa electoral. Con ellos no verás las goteras de la Complutense ni los recortes de Moreno a sanidad y educación. En ese sentido, el antisanchismo no es un exceso o un efecto secundario de la oposición política: es su núcleo estratégico. Para entender cómo funciona esta maquinaria es necesario desmontar sus piezas una por una.
Para entender la mecánica interna del antisanchismo —una mecánica sectaria del odio— conviene hacer un pequeño viaje en el tiempo. En los años ochenta, España descubrió con alarma el fenómeno de las sectas. Los mecanismos que las hacían funcionar eran, en el fondo, sorprendentemente simples: por un lado, el amor incondicional al líder carismático, la figura que tenía la verdad y merecía obediencia total; por otro, el rechazo sistemático al elemento externo, al intruso, al traidor. En aquel caso, el «traidor» solía tener cara conocida: era la familia, esa gente peligrosa que venía a «despertar» al adepto y a quien había que aislar antes de que interfiriera. Las sectas no convencían; secuestraban mentalmente.
El antisanchismo reproduce esa arquitectura, pero con una actualización significativa que se centra en una mecánica sectaria del odio. No hace falta aislar al adepto de su familia; basta con aislarle de la información alternativa. El seguidor del relato no vive encerrado en una comuna rural: vive en una burbuja mediática perfectamente equipada y, en España, esa burbuja es amplia y cómoda. Un estudio del CIS constató que en doce comunidades autónomas —donde residen casi 21 millones de ciudadanos— los lectores de prensa no identificaron ni un solo medio de izquierda o centroizquierda. La balanza mediática, sencillamente, no existe en buena parte del territorio. A esto hay que añadir el ecosistema digital: el 81,5% del contenido político del PP en TikTok es de tono negativo, y casi tres cuartas partes de ese contenido apuntan directamente a la figura de Sánchez. Vox, por su parte, es el partido que mejor domina retórica del impacto viral en esa plataforma, según los investigadores que la han analizado. El resultado es un entorno informativo en el que el adepto contemporáneo no necesita que nadie le confisque el teléfono: el algoritmo ya lo hace por él, con más eficiencia y sin que el usuario lo note.
En ese ecosistema, el odio no opera como una emoción reactiva o espontánea —esa indignación legítima que surge ante un agravio concreto—, sino como eje vertebrador deliberadamente cultivado, alimentado con dosis regulares de alarma y escándalo, que estimula la ira y anula progresivamente la capacidad crítica. El clima cultural lo facilita: en un momento en que la empatía ha perdido prestigio como virtud pública, el recurso sistemático al exabrupto y la hipérbole apocalíptica se ha erigido como la principal credencial de autenticidad. Los promotores del relato antisanchista —políticos que ejercen como gurús de una verdad revelada— han sustituido el juicio crítico por una retórica de la devastación, en la que la realidad se deforma hasta proyectar un escenario infernal. Recientemente el odio alcanzó el esperpento cuando, ante la detención de soldados españoles por fuerzas israelíes en el Líbano, la portavoz Muñoz —en lugar de amparar la soberanía nacional—, aguijoneada por el resentimiento ante la proyección internacional de la que goza el presidente, se afanó en buscar resquicios para denigrar y desgastar a Sánchez.
Bajo esta lógica, la virulencia verbal no se percibe como una degradación del debate, sino como la única respuesta honesta ante una amenaza que presentan como existencial. Lo que inoculan es lo que la psicología social denomina "desconexión cognitiva": el seguidor deja de procesar información contradictoria porque su identidad depende de mantener al "monstruo" en el centro del tablero. La doctrina es sencilla y sin fisuras: «Todo es mentira, excepto lo que yo te digo sobre la maldad del presidente». Ante semejante certeza revelada, el dato, la cifra o el argumento contrario no son un reto intelectual; son una trampa tendida por el enemigo.
Una vez instalado el odio como motor identitario, el siguiente paso es codificarlo en el lenguaje que proporcione una gramática de la transgresión. Aquí radica uno de los mecanismos más sofisticados del fenómeno: la sustitución deliberada del léxico administrativo por una gramática de la transgresión ética. En la prensa y las tertulias de la derecha, la terminología propia del Estado de derecho ha sido colonizada por términos que apelan al juicio moral primario. Un acuerdo parlamentario legítimo deja de ser una «transacción política» para transformarse en una «humillación nacional». Una reforma legislativa se etiqueta preventivamente como un «golpe de Estado». El término «filoetarra» representa el punto máximo de esta moralización del lenguaje: no describe un hecho verificable, sino que condena una supuesta voluntad interior, inaccesible a la refutación empírica.
Este desplazamiento lingüístico cumple una función estratégica precisa: desactivar el análisis de los resultados materiales para situar toda la discusión en la esfera del vicio o la virtud del gobernante. Mientras el debate permanezca en el terreno moral, los indicadores económicos, las estadísticas de empleo o los acuerdos de convivencia territorial son, sencillamente, irrelevantes. El crítico antisanchista no necesita rebatir la utilidad o el rigor de una norma; le basta tomar nota de las invectivas de la senadora Alicia García o la pirotecnia verbal del portavoz Tellado, empaquetadas en un vídeo.
El mecanismo de deslegitimación alcanza su perfección técnica con el uso extensivo del epíteto «electoralista». Bajo esta lógica, cualquier medida de gobierno —una subida de pensiones, una mejora del salario mínimo, un acuerdo de pacificación territorial— queda automáticamente desvirtuada en su origen: deja de ser un beneficio público para convertirse en un «vicio de voluntad», en un caramelo envenenado ofrecido por alguien cuya única meta es la supervivencia política. La bondad objetiva del hecho es sacrificada en el altar de la perversidad subjetiva del autor.
(Mañana: El antisanchismo, patología política (y II)
