Las consecuencias del antisanchista tras su radicalización son paradójicas y reveladoras: acaba rechazando mejoras materiales para su propia vida. El autolesionismo político se convierte en la prueba última de pertenencia al grupo. Quien acepta el «caramelo» del monstruo ha caído. Quien lo rechaza, aun a costa de su propio bienestar, demuestra su incorruptibilidad. Se trata, en definitiva, de la lógica sectaria llevada a su extremo: la identidad del grupo se confirma mediante el sacrificio.

Esta narrativa no alcanzaría tal grado de impunidad sin el auxilio de una trinchera judicial que actúa como el último baluarte del antisanchismo. Se evidencia una asimetría procedimental flagrante: mientras las causas que afectan a la cúpula del PP —blindadas tras el enigma irresoluble de “M. Rajoy” o las ramificaciones de Cospedal— se adentran en un vergonzoso laberinto de demoras y archivos técnicos, el sistema despliega una efusiva hiperactividad ante artificios procesales de naturaleza prospectiva. La anómala imputación y condena del fiscal general ahí queda, como ejemplo de guerra jurídica. Casos como las investigaciones contra Podemos o el ensañamiento contra Begoña Gómez no operan bajo la lógica de la justicia, sino como munición para el relato: no se busca la resolución de un delito, sino el mantenimiento de una “causa general” que proporcione los titulares necesarios para validar, por la vía del auto judicial, la supuesta amoralidad del presidente.

Este entramado no habría alcanzado su escala actual sin la infraestructura tecnológica que lo amplifica. Las redes sociales —en particular TikTok y X— no actúan solo como vehículo de propagación, sino como laboratorios de instrucción donde se educa al receptor en una suerte de omnisciencia inquisitorial. El consumo fragmentado de vídeos hipereditados entrena al usuario para erigirse en un narrador omnisciente capaz de penetrar en la conciencia de Sánchez; no juzga sus actos, sino que cree leer directamente las perversiones que el presidente supuestamente maquina en su fuero interno. Esta pretendida facultad adivinatoria le permite invalidar cualquier avance social bajo la sospecha sistemática de que hay “gato encerrado”: si el seguidor “conoce” la maldad intrínseca del autor, el beneficio objetivo es solo una fachada. Los miembros de la secta antisanchista ya no consumen información; participa en una exégesis del mal, leyendo la conciencia del presidente a través de gestos arrancados de su contexto o silencios interpretados maliciosamente.

El algoritmo no es neutral en este proceso. Premia la indignación y penaliza el matiz. Transforma el odio en un capital social que se retroalimenta: cuanto más extrema es la condena, más «me gustas» cosecha, más seguidores gana, más central se vuelve el individuo en su comunidad de referencia. Las plataformas operan como cámaras de eco que no solo validan la conjetura del individuo, sino que la radicalizan progresivamente.

Para comprender cómo este montaje ideológico se materializó en el espacio público, es necesario regresar al 10 de febrero de 2019. La concentración de PP, Ciudadanos y Vox en la plaza de Colón de Madrid no fue una protesta circunstancial; fue un acto constituyente. Aquella jornada inauguró una liturgia que no ha dejado de reproducirse desde entonces: la del antisanchismo como mito movilizador y verdad revelada. Fue allí donde los líderes de la oposición ejercieron por primera vez, de manera simultánea y ante una masa expectante, como narradores omniscientes: «Sánchez ha traicionado a España», sentenciaron, basándose no en actos consumados, sino en una supuesta voluntad de entrega al secesionismo que solo ellos pretendían escrutar. Pero la realidad es tozuda: mientras el PP actuó como catalizador del nacionalismo radical, bajo el gobierno de coalición el nacionalismo ha experimentado una merma en su pulsión rupturista.

Con ese acto, el presidente dejaba de ser un adversario legítimo para convertirse en un elemento exógeno a la nación misma. La plaza se transformó en el templo de una nueva religión política donde el dato cedió definitivamente su lugar al dogma. Lo que comenzó en Colón como una exégesis política ha degenerado en verdaderos aquelarres de odio ritual: desde los gritos de «hijo de puta» que resuenan en las plazas, hasta la versión sibilina y eufemística de Ayuso —la del papelito— con su «me gusta la fruta», convertida en consigna de culto. Esta liturgia de la degradación alcanza su paroxismo en el apaleamiento público de muñecos que representan la figura del presidente; una catarsis colectiva donde la masa, guiada por esos narradores que le han enseñado a leer la “perversión” en la mente del otro, ejecuta simbólicamente al “monstruo” que ellos mismos han construido. «En Colón empezó todo», recordaría años después uno de sus promotores, con orgullo fundacional.

El problema para este relato es que la realidad insiste en no colaborar. El detonante originario del antisanchismo fue el conflicto catalán, y la narrativa construida alrededor de él dibujaba una España desmembrada, entregada, en colapso inminente. Sin embargo, a medida que esa narrativa se intensificaba, la realidad empírica avanzaba en sentido contrario: la normalización política en Cataluña culminó con una presidencia de la Generalitat no nacionalista por primera vez en décadas.

Aquí se produce el triunfo definitivo de la conjetura sobre el hecho: el éxito de una política de pacificación no es reinterpretado como un logro, sino como la prueba final de una traición consumada. El narrador omnisciente tiene ya una respuesta para cualquier desmentido empírico: si la crisis se agravó, fue por culpa de Sánchez; si se resolvió, es porque Sánchez ha vendido España de manera más sutil. La tesis es infalsificable por construcción. Y precisamente en esa infalsificabilidad reside su potencia.

Lo que el antisanchismo ha construido a lo largo de estos años es una identidad política de carácter puramente negativo —un monstruo—. No se define por la adhesión a un proyecto alternativo, sino por la auto-adscripción a un colectivo cuya cohesión interna depende exclusivamente del rechazo al adversario. El sujeto no vota «a favor de»; vota «en contra del monstruo». No busca información para evaluar la gestión del Gobierno; consume relatos que confirmen su prejuicio, reforzando así su pertenencia al grupo de los «resistentes».

Esta identidad es, además, autorreferencial y autosuficiente: no necesita ser verificada por la realidad porque no se funda en ella. Cada nueva concentración frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, cada nueva convocatoria en plaza pública, no sirve para exigir nada concreto ni para proponer nada alternativo. Sirve para actualizar la lista de traiciones imaginarias, para mantener al «monstruo» en un estado de presente perpetuo y para reafirmar, en comunidad, la identidad de los «resistentes». El seguidor no solo protesta: se «educa» en el odio compartido.

Habría que concluir con una pregunta que el análisis deja abierta y que, sin embargo, ningún análisis puede eludir: ¿qué ocurre con una democracia cuando una parte significativa de su ciudadanía adopta como identidad primaria el rechazo a un adversario personalizado? La respuesta no es tranquilizadora. Una oposición que renuncia al debate sobre la realidad material para instalarse en la denuncia moral permanente no solo empobrece el debate público; también vacuna a sus seguidores contra cualquier resultado electoral adverso. Si el enemigo es un «monstruo» ontológico —no un gobernante con aciertos y errores, sino una amenaza existencial para la nación—, su victoria en las urnas no puede ser legítima: habrá que explicarla siempre por el engaño, la compra de voluntades o la traición de árbitros corrompidos.