A los ojos del derecho internacional, el secuestro de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses constituye una violación directa de la soberanía de un Estado independiente. No hubo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU -único órgano que puede legitimar el uso de la fuerza fuera de un supuesto de legítima defensa- ni existió una amenaza armada inmediata que justificara la intervención. Además, la operación, ejecutada con bombardeos y fuerzas especiales, no fue una simple “aplicación de la ley” estadounidense, como se presentó: el derecho internacional prohíbe que un país utilice fuerza militar en territorio ajeno para imponer su legislación interna. Fueron, en realidad, asesinatos extrajudiciales perpetrados en el extranjero bajo una fachada pseudo-legal. Lo mismo ocurrió con los ataques letales contra embarcaciones que Trump calificó como “narco-traficantes”: también fueron asesinatos extrajudiciales. No hubo proceso judicial ni fundamento legal claro y el uso de la fuerza letal en aguas internacionales, fuera de un contexto de legítima defensa, vulnera principios básicos de la protección de la vida humana y de la regulación del mar.

Los motivos de todas estas agresiones y asesinatos impunes no tienen nada que ver con la droga; el indulto que Trump concedió recientemente al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que estaba cumpliendo una condena de 45 años en una prisión federal de Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con drogas, no solo demuestra que la droga le trae al pairo, sino que revela su absoluto desprecio por la coherencia, su nulo respeto al Estado de derecho y su disposición a dinamitar su propia política antidrogas cuando le conviene. El principal motivo lo ha expresado el propio Trump y su entorno de forma muy explícita: controlar las enormes reservas de petróleo venezolano y dirigir las exportaciones hacia refinerías estadounidenses. Y, de paso, cerrar el acceso a esos recursos a China y Rusia, que en los últimos años habían aumentado su presencia financiera, militar y tecnológica en el país.

Algunos, en pleno arrebato polarizador, han celebrado, con una ligereza inquietante, este quebrantamiento de las normas esenciales del orden internacional vigente y, de paso, han aprovechado para comparar la erosión de la democracia, la persecución política, las violaciones de derechos humanos y la represión cometidas por el dictador Maduro con el presidente legítimo de España. Gente desnortada y de mala calaña, corazón malintencionado y ambiciones torcidas la hay en todas partes. Ahí está el franquista Fran Rivera, que no ha tenido el menor rubor en pedirle públicamente a este depravado Calígula que repita la jugada en España. En el derecho constitucional, esa infamia tiene un nombre preciso: traición. La ruindad, por desgracia, no entiende de fronteras: se adapta, ondea banderas distintas y siempre encuentra un micrófono dispuesto para el exabrupto.

Esperemos que Tellado, de temperamento volcánico, si llega a ministro de Asuntos Exteriores, o Abascal, a vicepresidente del Gobierno o, incluso, Ayuso -estando como está el panorama-, a presidenta del Gobierno de España, no sigan la doctrina Trump. Sería grave que a alguno se les ocurriera pensar que quizá España deba encarcelar al rey de Marruecos por meter hachís en España, emulando aquellos aires patrios del impresentable Trillo en el episodio de Perejil.

Conociendo cómo opera Trump, su decisión de dar continuidad a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la cúpula del poder no responde a ninguna lógica política coherente con una transición democrática, sino a una lógica puramente pragmática. Rodríguez es útil para este sinvergüenza porque controla resortes clave del Estado y ofrece estabilidad a corto plazo. No hay razones éticas ni democráticas que sostengan esta elección. El mensaje que se desprende de las declaraciones de Marco Rubio y del propio Trump sobre la operación no se disfraza: es brutalmente simple. Entramos porque podemos, nos quedamos con lo que nos convenga y decidimos quién manda según nuestros intereses.

Una vez desaparecido del escenario el dictador Maduro, existe cierta unanimidad en que sean Edmundo González y/o María Corina Machado quienes piloten la transición democrática. En mi opinión, debe tenerse en cuenta las consecuencias de un hecho que es relevante y que no puede ignorarse: las elecciones en las que resultó vencedor Edmundo González Urrutia se celebraron en un contexto claramente anómalo, marcado por la represión política y por la exclusión de una parte significativa de la oposición, encarcelada, inhabilitada, exiliada o sometida a intimidación sistemática. Y las consecuencias a las que aludo son decisivas: en semejantes condiciones, el proceso electoral no puede considerarse plenamente libre ni competitivo, tal como han señalado observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos.

Desde una perspectiva de justicia democrática, la salida razonable no pasa por la imposición externa (Trump dixit) ni por validar sin matices unos comicios viciados por el propio entorno represivo -que habrían sido justos en aquella coyuntura, no hoy susceptible de mejora si la desaparición del dictador implica el fin efectivo de la dictadura-, sino por convocar nuevas elecciones tras una normalización real del espacio político: liberación de presos, restitución de derechos civiles y políticos y garantías para todas las corrientes de la oposición. Solo así -con todas las fuerzas en igualdad de condiciones- podrá afirmarse que la decisión corresponde genuinamente al pueblo venezolano, sin coacciones internas ni injerencias externas.

Conviene recordar que la oposición al chavismo no se reduce al sector más radical de María Corina Machado. Es de suponer que habrá opositores al chavismo que no comulgan con la efusiva defensa que la señora Machado hace del genocida Netanyahu. El arco opositor es más amplio y diverso, y un proceso electoral verdaderamente abierto podría favorecer acuerdos internos que desactiven esa lógica de escoger entre extremos -“el tiburón” o “el tigre”- que tanto daño ha hecho al país.

Las amenazas explícitas de injerencia en los asuntos internos de otros Estados y las coacciones internacionales -abiertamente incompatibles con el derecho internacional- adquieren una dimensión escalofriante tras los crímenes cometidos en Venezuela. Y no es casual: detrás de esa estrategia hay un personaje cuya trayectoria lo delata. Quizás el mentiroso compulsivo que más textos periodísticos ha protagonizado el pasado año no sea un fascista estricto, pero no cabe duda de que este acomplejado narcisista es un instigador de odio, organizador de cacerías humanas, responsable de muertes injustas, colaborador necesario en genocidio, asesino de inocentes, perseguidor de defensores de derechos humanos, incumplidor de normas internacionales, sobornador de jueces, destructor de valores democráticos, despreciador de la solidaridad, insultador de mujeres, vejador de personas diversas, autoritario, polarizador, inmoral, despectivo, inhumano, provocador, criminalizador, insensible, divisivo, irresponsable, unilateral, populista, antidemocrático, violento, tóxico, opresivo, explotador, etc., etc., etc.

Frente a los criminales despropósitos que protagoniza este repugnante personaje, hemos de asumir que algo está fallando. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos merecería una ira masiva, colectiva y bien organizada. Y, sin embargo, muchos callan, indiferentes, con los brazos cruzados y la conciencia en pausa, como si todo esto sucediera en otro mundo. Desde el primer momento deberíamos haber dejado atrás el individualismo, auténtica lacra de nuestro tiempo, y respondido como se merece. Si no sentimos indignación ante la escalada de amenazas de este depravado —que empezó con los castigos arancelarios, siguió con el documento estratégico donde define a Europa como un rival a someter y cruza ahora una línea roja peligrosa con su amenaza militar sobre Groenlandia—, nuestra apatía emocional resulta, como poco, preocupante.

Cada hora que pasa, el riesgo se desborda. Los europeos no podemos seguir cruzados de brazos mientras Trump avasalla al mundo. La parálisis y la sumisión tácita de las autoridades europeas ante las decisiones de este perturbado reclaman la intervención responsable y organizada de la ciudadanía europea.

No podemos permitir que los gobiernos antieuropeos instalados dentro de la propia Unión Europea -algunos, eficientes caballos de Troya trumpistas- bloqueen o distorsionen la voluntad común, ni aceptar que las posiciones tóxicas de extrema derecha condicionen, ralenticen o neutralicen decisiones que afectan a la seguridad colectiva. Debemos presionar para cambiar las normas absurdas que lo permiten: muchas decisiones sensibles (política exterior, fiscalidad, algunas cuestiones de seguridad) requieren unanimidad; eso significa que un solo país puede bloquear la voluntad del resto. Un solo “no” congela todo. Es como si en una comunidad de vecinos, para cambiar la puerta del portal, hiciera falta el voto favorable del vecino que nunca aparece o que solo baja cuando hay jamón en la reunión. Hungría y Polonia son el paradigma: bloquean cuando les conviene y solo asoman la cabeza cuando toca repartirse subvenciones, fondos estructurales o cheques europeos.

La reforma natural sería extender la mayoría cualificada también a estos ámbitos. Se mantendrían las garantías, pero no la capacidad de veto absoluto. Esto permitiría que la UE actuara con más rapidez en crisis energéticas, migratorias o geopolíticas, en lugar de quedar atrapada por el capricho o la estrategia interna de un solo gobierno. Pero los cambios necesarios no llegan, la inacción se eterniza como un expediente olvidado en un cajón, y el tiempo pasa y pasa sin que nadie mueva un dedo, menos aún la ciudadanía que, entre tanto TikTok, de la misa no se entera ni la mitad.

Por otro lado, la Unión Europea no puede renunciar a su autonomía estratégica, ni permitir que su legislación y su acción exterior se subordinen a los dictados de un sátrapa, un mafioso, un perturbado megalómano, un sinvergüenza procesado en su propio país por delitos de extrema gravedad. Las pruebas sobran, pero ninguna tan reveladora como la fiscalidad de las grandes plataformas tecnológicas (Google, Amazon, Apple, Meta), que facturan miles de millones en Europa, pero durante años han pagado muy pocos impuestos. Entonces, la Comisión Europea propuso una reforma para que pagaran más en función de su actividad real. Y las amenazas de represalias de Trump fue suficiente para que Europa rebajara sus planes fiscales y aplazara decisiones que llevaban tiempo considerándose imprescindibles. Quizás, si la UE aplicara a sus mimados negociadores la misma lógica de “pago por productividad” que tanto pregonan, otro gallo cantaría.

Ante esta situación, el futuro de Europa está siendo amenazado por la inacción institucional y por la sumisión a un presidente estadounidense cuyas decisiones caprichosas ponen en riesgo la estabilidad global. La situación es insostenible y la diplomacia desplegada por las autoridades europeas resulta inoperante. Es hora de actuar con firmeza y urgencia. No podemos refugiarnos en excusas: la excepcionalidad del momento exige actuaciones igualmente excepcionales. Por ello, resulta imprescindible que emerjan voces europeas rigurosas e independientes, respetadas por su trayectoria e integridad, capaces de ejercer un liderazgo cívico fuera de los cauces institucionales. Voces que articulen un movimiento amplio, plural y transnacional, decidido a plantar cara a la parálisis de las instituciones y a convertirse en un contrapeso real y democrático ante la incapacidad de Europa para defender sus intereses. Voces que impulsen un boicot masivo a los productos estadounidenses -un golpe directo donde más duele, en los beneficios de las grandes corporaciones- y que promuevan manifestaciones masivas, pacíficas y sostenidas en el tiempo, que obliguen a la Unión Europea a reaccionar con rapidez y contundencia frente a las decisiones destructivas de Trump, forzando a su gobierno a reconsiderar su postura. Para ello, debemos obligar -con nuestra presencia constante en los medios y en la calle- a los gobiernos nacionales y a las autoridades europeas a adoptar medidas económicas severas -que haberlas, las hay-, aceptando la realidad: a corto plazo implicarán algunos perjuicios para nosotros mismos. Es un riesgo que debemos asumir, porque si no tomamos esta decisión estaremos permitiendo que un líder irresponsable y peligroso siga actuando a sus anchas, con consecuencias aún más devastadoras para todos. La alternativa es dejar que el caos crezca, y esa es una opción inaceptable.

El boicot masivo a los productos estadounidenses y las decisiones firmes de la Unión Europea son herramientas económicas que, acompañadas de las protestas multitudinarias y persistentes, tienen un objetivo claro: que las corporaciones norteamericanas comprendan que no hay margen para jugar con la estabilidad global por el ego de un presidente megalómano. Las empresas de EE. UU. deben asumir que, si Trump continúa tomando decisiones temerarias que afectan a Europa, sus propios beneficios acabarán en riesgo. Deben sentir que su estabilidad también está en riesgo y que no hay excusa posible para seguir cediendo ante los caprichos de un dirigente que pone en peligro los intereses de todos. Deben entender que él es el problema, que su mafioso presidente ha traído gravísimos conflictos donde antes no los había. Esto no es un arrebato: es una llamada contundente a la acción para forzar un cambio. Es imprescindible abrir este debate en los medios estadounidenses. El objetivo es que el mensaje llegue de forma clara y sostenida a la ciudadanía de EE. UU., tanto mediante acciones directas en Europa como a través de una estrategia de comunicación que ocupe los medios de todo el planeta, incluido su propio país. Centrar el debate en las consecuencias de las políticas de Trump es crucial para presionar a la opinión pública estadounidense.

No podemos seguir permitiendo que la indiferencia o el miedo a las represalias detengan la acción decisiva. Dejarnos llevar por la parálisis no es una opción. Europa no puede retrasar más la toma de decisiones; es ahora o nunca, antes de que el daño sea irreversible.