Al acabar la Guerra Civil, la profunda represión que las fuerzas sublevadas practicaron contra los defensores de la República tuvo su continuidad en la posguerra. Miles de presos republicanos fueron conducidos a las cárceles y campos de concentración y otra parte marcharon al exilio. A pesar de que esta dura represión continuó muchos años después, en el interior apareció una oposición al régimen franquista. Aparecieron varios grupos de guerrilleros, llamados maquis, que continuaron su lucha armada con las fuerzas militares ganadoras desde los montes de España.

En 1944, numerosos guerrilleros intentaron desde Francia una invasión de la Península por el Valle de Arán, pero el gobierno de Franco fue advertido por su homónimo francés y la invasión fue desarticulada. Ante la evidencia de que las democracias occidentales no respaldarían nunca la oposición armada al ejército ganador de la guerra, la guerrilla, aunque continuó su acción hasta los años cincuenta, fue desapareciendo por la imposibilidad de una resistencia armada.

La oposición política estaba completamente desarbolada, ya que en el interior del país muchas organizaciones políticas o bien estaban diezmadas o bien estaban casi desaparecidas o sometidas a crisis internas como ocurría con el PSOE. La única organización con poder organizativo fue el PCE que, una vez fracasada la guerrilla, decidió trabajar desde el interior del país impulsando movimientos antifranquistas y organizando su actividad política y su influencia desde dentro de los movimientos obreros y populares. En muchos lugares fueron apareciendo pequeños corpúsculos que aglutinaban a la gente de izquierdas, como ocurrió en Fuentes, donde comenzó a surgir y tomar fuerza el PCE local.

La acción policial y la presión política se recrudece en estos años contra los comités provinciales y locales del PCE. Así, son detenidos, juzgados por el Tribunal de Orden Público y condenados varios de sus dirigentes. La detención y posterior condena quedó recogida en La Vanguardia, que en su edición del 19 de septiembre de 1968, publicaba un artículo titulado “Acusados de pertenecer al partido comunista”. “Dieciséis acusados de asociación ilícita por pertenecer al Partido Comunista han comparecido hoy ante el Tribunal de Orden Público".

Relataba el fiscal en su escrito de conclusiones que a las nueve y media de la noche del 4 de de noviembre de 1967, en la carretera nacional 230, término de Dos Hermanas, fueron sorprendidos por la Guardia Civil de Tráfico José Pérez Norte, Antonio García Caro y Francisco Ruiz García en un Seat 600. Los agentes de la autoridad comprobaron que llevaban en el coche varios papeles que contenían cinco ejemplares del “Mundo Obrero”, 800 ejemplares de “Democracia” y 800 de “Divulgación”, todos ellos comunistas, así como diversos manifiestos que convocaban a actos subversivos firmados por el Partido Comunista de España.

Todas las publicaciones -agregaba el representante de la ley- eran llevados por José, Antonio y Francisco para su difusión, ya que los tres son destacados miembros activistas del Partido Comunista desde 1965. Igualmente, exponía que Sebastián Martín Caro, Bernardino Caro López, Salvador Galán Sarria, Fernando González Tortolero, Manuel Fito Ferrero, Antonio León Flores y Emilio Rodríguez Martín, en íntima colaboración con los mencionados, constituyeron el comité local del Partido Comunista en Fuentes de Andalucía, de la provincia de Sevilla. Y que lo mismo hicieron en el sevillano pueblo de la Campana Antonio García Calzada, Cristóbal Romero Canedo, José Espada Galán, Miguel González Santos, Antonio Caro Jiménez y Bartolomé Becerril Lora.

Para cada procesado, por el delito de asociación ilícita, pedía el representante de la ley tres años de prisión, excepto para Emilio Rodríguez, sobre quien opinaba el fiscal que debía ser penado a cuatro años, dos meses y un día por tener antecedentes penales, también de delitos políticos. Para José Pérez Norte, Antonio García Caro y Francisco Ruiz García solicitaba, además, que fuesen condenados cada uno a dos años de prisión y a 15.000 pesetas de multa por delito de propaganda ilegal. Durante el juicio, todos negaron pertenecer al Partido Comunista, aunque algunos han mantenido que son comunistas, pero no afiliados. Los defensores, María Cristina Almeida, Antonio Cuellar, Alfonso de Cosío y del Corral y Manuel Meana Pert, rechazaron las imputaciones del fiscal a los ocupantes del banquillo y solicitaron la absolución.

La sentencia de este juicio, también publicada por la Vanguardia, decía “Catorce condenados por el Tribunal de Orden Público”. “El Tribunal de Orden Público ha dictado una sentencia en la que se condena a 14 procesados y se absuelve a tres. Declaran probado los juzgadores que José Pérez Norte y Antonio García Caro editaron en el domicilio de Pérez, en Sevilla, folletos en los que se recogían artículos de revista del Partido Comunista y que los distribuían por medio de enlaces en la capital sevillana y la provincia. Agregan los juzgadores que Pérez y García fueron sorprendidos, con Francisco Ruiz García, el 4 de noviembre de 1967, cuando transportaban propaganda comunista en un turismo. Y dice que les detuvo la Guardia Civil de Tráfico en el término de Dos Hermanas en la provincia de Sevilla.

También aseguran los magistrados que los tres eran miembros del Partido Comunista de España. Y que con la colaboración de los otros condenados constituyeron una célula del Partido Comunista en Fuentes de Andalucía, célula para la que cotizaron, realizando labor de captación y adoctrinamiento. Y en el fallo, por delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal, son condenados José Pérez Norte y Antonio García Caro a cinco años de prisión y diez mil pesetas de multa. Francisco Ruiz García, a cuatro años de prisión y diez mil pesetas de multa. Sólo por asociación ilícita son condenados Manuel Fitos Ferreras y Antonio León Flores a dos años y medio de prisión cada uno. Sebastián Martín Caro, Bernardino Caro López, Salvador Galán Sarria, Fernando González Tortolero, Antonio García Calzada, Cristóbal Romero Canedo, José Espada Galán, Miguel González Santos y Antonio Caro Jiménez a dos años de prisión, también cada uno. Los absueltos, por no haberse acreditado que intervinieran en los hechos expuestos, fueron Emilio Rodríguez Martín, Bartolomé Becerril Lora y Diego Gutiérrez Ruiz.

Estas sentencia son un ejemplo claro de la persecución que sufrían las personas que se oponían al régimen franquista y que desde sus organizaciones clandestinas transmitían a los obreros y paisanos la idea y el espíritu de lucha por defender sus libertades y sus derechos. Por ello debemos sentirnos orgullosos de que entre estas personas haya paisanos nuestros que vemos y saludamos casi diariamente, a los que desde estas páginas les testimoniamos nuestro agradecimiento por su incansable lucha contra la opresión y la sinrazón que en aquellos años imperaban en nuestra sociedad.

(En la fotografía que abre este artículo se ve a los procesados en un alto realizado en Despeñaperros cuando iban a Madrid para ser juzgados)