En los comicios de EE.UU en 2024, solo 100 familias aportaron uno de cada seis dólares gastados en campaña: un total de 2.600 millones de dólares. Esta cifra duplica la de 2020 y multiplica por 160 la inversión previa a 2010, cuando el Tribunal Supremo eliminó los límites a la financiación electoral. Sobra decir que quien firma semejantes cheques no lo hace por un repentino brote de altruismo, sino esperando una suculenta compensación en forma de leyes a medida; no es filantropía, es una inversión. El conflicto es inevitable: los intereses de estos milmillonarios —anclados en las rentas del capital— chocan frontalmente con los del resto de la población, que depende de su trabajo. Sus prioridades divergen en aspectos vitales: regulación financiera, libre competencia y el sostenimiento de la sanidad y la educación públicas.
No siempre fue así, el impuesto progresivo a la renta, instaurado en 1913 y el de patrimonio, en 1917, sostuvieron décadas de reducción de la desigualdad que coinciden con la etapa más próspera de la historia estadounidense. En los últimos cuarenta años ambos impuestos han sido erosionados silenciosamente mediante fideicomisos, fundaciones y el mecanismo de vivir permanentemente endeudado sobre el patrimonio para nunca tributar por él. El caso español añade un agravio particular: empresas vinculadas a beneficiarios de la amnistía fiscal figuran entre las más subvencionadas del país, para mayor escarnio de los contribuyentes honrados.
Esta ingeniería fiscal y el desembolso masivo en campañas tienen consecuencias demoledoras. Según una investigación de la Academia Nacional de Ciencias, la probabilidad de sufrir una erosión democrática es siete veces mayor en los países con altos niveles de desigualdad. La brecha es hoy un abismo: las 12 personas más ricas del planeta acumulan más patrimonio que 4.000 millones de seres humanos. Durante 2025, amparadas por las políticas desreguladoras y fiscales de Trump, estas fortunas crecieron al triple de su ritmo habitual. La imagen de la toma de posesión, rodeado por los principales magnates tecnológicos, no fue un simple acto protocolario, sino la escenificación de la simbiosis definitiva entre la plutocracia y el poder ejecutivo presidido por un mafioso.
Otro punto a favor del enriquecimiento de las grandes tecnológicas es el debilitamiento de las reglas de libre competencia, lo que ha permitido operar con márgenes de beneficios muy superiores a los de cualquier industria tradicional. La reinterpretación de las leyes antimonopolio en los años ochenta, que limitó su aplicación a casos de subida de precios, sentó las bases para la hegemonía de gigantes como Amazon, Meta o Google. Biden intentó recuperar el espíritu regulador desde la Comisión Federal de Comercio, pero Trump destituyó a la responsable de esta misión nada más llegar a la presidencia.
Este excedente masivo de capital generado por la concentración de riqueza busca rentabilidad en sectores críticos como la educación, la salud o la vivienda, mercantilizando derechos fundamentales que se alejan progresivamente del alcance de la mayoría. Si esa riqueza estuviera mejor distribuida, el impulso al consumo generaría una mayor actividad económica y la creación de empleo. En España, este fenómeno se intensifica cuando las administraciones conservadoras reducen la carga fiscal a las rentas más altas, mermando deliberadamente los recursos destinados a la educación y la sanidad públicas. Esta falta de financiación genera un incentivo perverso: el deterioro de lo público abre la puerta a la inversión privada, que convierte derechos protegidos en nichos de negocio. El resultado es una mutación profunda: el paciente y el alumno dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en una simple «carpeta de clientes».
Más arriba señalábamos que el capital es el requisito previo de la influencia. Hemos visto, muy por encima, algunos de los factores que favorecen el aumento de ingresos, veamos a continuación cómo ese crecimiento potencia directamente la capacidad de ejercer influencia, pues lo verdaderamente alarmante es la conversión sistemática del poder económico en poder político. Las palancas son la financiación de campañas y partidos, la amenaza de fuga de capitales, el lobby tradicional y, especialmente, el control de la conversación pública mediante inversiones en medios, redes sociales e inteligencia artificial. No en vano, más de la mitad de los principales medios del mundo pertenecen a milmillonarios, ocho de las diez mayores empresas de IA y nueve de las diez redes sociales más importantes están dirigidas por ellos.
Entre sus “superpoderes” más recientes figura el de decidir la suerte militar de un país concediendo o denegando acceso a sus satélites —el Starlink de Musk es el ejemplo más elocuente—, propagar desinformación que atenta contra la convivencia democrática o revolucionar el mundo del trabajo con la IA mientras los Estados son incapaces de aprobar la más mínima regulación. Si la riqueza se dispara —y lo hará— habrá que evitar que emerja un ejército de desempleados: será imprescindible que los nuevos beneficios económicos no engrosen exclusivamente las cuentas de siempre, sino que se implementen mecanismos distributivos que, de paso, animarán el consumo, que a fin de cuentas no es el otro motor del capitalismo.
Las soluciones existen y son técnicamente viables: todas pasan por aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y diseñar mecanismos redistributivos a la altura del problema. La riqueza acumulada es más que suficiente para financiarlas. Para revertir esta tendencia, el economista Gabriel Zucman propone un impuesto mínimo anual sobre las fortunas que superen los 100 millones de euros, blindado contra cualquier maniobra contable de reclasificación del patrimonio. En España, investigadores de la universidad de Alcalá sostienen que una reforma del impuesto de patrimonio —inspirada en el modelo de Noruega o en las tesis de Thomas Piketty— tendría un impacto social transformador: su recaudación bastaría para financiar una prestación universal por crianza por hijo. Esta medida no solo aliviaría la economía de las familias, sino que mejoraría el índice de Gini —el indicador que mide la desigualdad—, demostrando que la redistribución es un instrumento eficaz de equidad social.
El obstáculo no es económico ni intelectual; es político, y tiene un nombre: el control de la información. Que más de la mitad de los principales medios del mundo pertenezcan a milmillonarios no es un dato baladí. Es la clave que explica por qué cualquier propuesta de cambio es presentada sistemáticamente ante la ciudadanía como inviable, utópica o directamente peligrosa. El círculo se retroalimenta con una eficacia devastadora: cuanto mayores son sus beneficios, mayor es su capacidad de influencia; cuanto más se consumen sus productos tecnológicos, más se enriquecen; y cuanto más se enriquecen, más difícil resulta que la ciudadanía acceda a información no sesgada con la que tomar decisiones libres en las urnas. ¡Ah, la libertad, valor irrenunciable de la izquierda que la derecha se apropió para convertirla en eslogan vacío y de la que tanto alardea sin hacer nada por desplegarla de verdad!
Estamos, en definitiva, ante una trampa de doble cierre: la misma plutocracia que captura la política captura también la conversación pública que podría cuestionarla. Romperla exige dos formas de valentía que se refuerzan mutuamente: la valentía cívica de exigir en las urnas lo que es justo y la valentía cotidiana de ser conscientes de que cada producto tecnológico que consumimos sin criterio es también un voto silencioso a favor de quienes nos están arrebatando la libertad.
