El comercio de armas sólo se justifica en la legislación internacional si los gobiernos lo regulan para garantizar la protección de la población. Hace 10 años, concretamente en abril de 2013, las Naciones Unidas aprobaron el Tratado sobre el comercio de Armas (TCA), que representaba una gran esperanza para salvar miles de vidas y regular una industria y un comercio rodeados de un enorme secretismo. Este tratado prohíbe a los 113 países que hasta la fecha lo han firmado, entre ellos España, las transferencias de armas a países cuando se sospeche que las pueden usar para cometer genocidios, crímenes de guerra o de lesa humanidad. Por eso les obliga a que, antes de vender armas a ciertos países, evalúen si pueden cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos.

Pese a los importantes avances para controlar este negocio, como la Ley de Comercio de Armas española de 2007 o el TCA, en el fondo su regulación y seguimiento tiene escasa transparencia. Incluso la industria armamentística, en muchos casos, está involucrada en la corrupción, lo que favorece el tráfico ilegal de armas y convierte su comercio en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que en el año 2017 representó la cifra de 95.000 millones de euros..

España se ha situado en el último quinquenio, según el SIPRI (Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo) como séptimo país exportador mundial de armas, tras Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China y Reino Unido. En los últimos cinco años, las exportaciones españolas de armas representaron una media anual de 4.000 millones, mientras que las autorizaciones para esa venta llegaron a alcanzar la cifra de 10.000 millones anuales, lo que significa un aumento considerable en los años venideros.

Los gobiernos españoles de los últimos años, sean del signo que sean, han seguido dando el visto bueno para que se envíen corbetas a Arabia Saudí; munición y carros blindados a Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto; aviones a Turquía o  bombas y armas ligeras a Israel. Pero no se ha vigilado el uso de dichas armas ni se ha seguido la evolución de los conflictos que en estos países han surgido, ni se han analizado las actuaciones de sus gobiernos, si han respetado o no las normas y leyes emanadas de la Asamblea de Naciones Unidas sobre las actuaciones de guerra o conflictos internacionales.

¿Se han analizado por nuestras autoridades si en la guerra del Yemen, por ejemplo, como la coalición que lidera Arabia Saudí provocó en 2015 la muerte de miles de civiles y se registraron más de 300 posibles crímenes de guerra?. O ¿cómo en Israel es muy probable que se estén cometiendo homicidios ilegítimos, confiscaciones masivas de bienes y todo tipo de restricciones hacia el pueblo palestino, lo que supone una situación muy parecida a un apartheid?.

Más preocupante que la venta de armas convencionales pesadas, carros de combate y vehículos blindados, aviones de combate y helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y artillería de gran calibre, es la de las armas pequeñas y ligeras, revólveres, pistolas, fusiles, ametralladoras o granadas. Estas armas constituyen un gran motivo de preocupación entre los países firmantes del Tratado de Comercio de Armas, debido a su bajo coste, a la facilidad de su uso, a la viabilidad del transporte y a la capacidad de ocultación que originan que sea fácil su aparición en mortíferos escenarios de guerras, actividades terroristas, delincuencia organizada o luchas entre bandas urbanas y rurales.

El arsenal actual de estas armas ligeras, aunque difícil de estimar, se cree que existe una por cada 10 habitantes. Lo más grave es, según una investigación de Amnistía Internacional, que esas armas son las más utilizadas para cometer la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos y dejan tras sí un reguero de sangre, sufrimiento y pobreza que lastra el desarrollo de las comunidades afectadas.

En España, a pesar de que las restricciones que impone la Junta Interministerial son escasas, se han denegado diversas licencias a países que eran sospechosos de “no poder usar debidamente las armas” que se le vendiesen. Así, no han recibido licencia de compra de armas españolas Pakistán, Cuba o la República Centroafricana y el envío de material antidisturbios a Perú, aunque no así la venta de municiones. Esta situación, que aparece reflejada en nuestro país y que presenta un oscurantismo muy acusado ante la opinión pública en todos los aspectos relativos a la fabricación y venta de armas, se debe principalmente al muro de silencio enmarcado por la Ley de Secretos Oficiales.