“No cabe ninguna duda de que tenemos que recuperar la universalidad de los derechos humanos, la indivisibilidad de los mismos y encontrar una nueva energía que motive a los y las jóvenes de todo el mundo." Palabras de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ya han pasado 75 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue el 10 de diciembre de 1948. Documento histórico que proclama los derechos inalienables de toda persona como ser humano, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, religión, ideología política, posición social y económica o cualquier otra condición añadida. Dignidad, libertad y justicia para todos podía ser nuestro lema en la defensa de los derechos de todos los hombres y mujeres que pueblan este tan maltratado planeta que llamamos Tierra.

Debemos también hacernos eco de la situación de la defensa de esos derechos en España, donde se ha agravado el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas en algunos ámbitos de los derechos humanos. Con motivo de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el intento del salto de la valla de Melilla el 24 de junio del año pasado, cuando murieron 37 personas y desaparecieron más de 77, se produjeron actividades en todo el territorio español en defensa de los derechos humanos de aquellas personas que carecen de voz en los organismos nacionales e internacionales.

Así, Amnistía Internacional de las Illes Balears participó en el encendido de las Torres, Atalayas y Talayots del Mediterráneo con el único objetivo de iluminar y dar esperanza a aquellas personas que ponen en riesgo su propia vida para alcanzar en la orilla norte del mar mejores condiciones de vida. A pesar de ello, grupos políticos niegan en sus discursos y programas el derecho de estos hombres y mujeres de buscar en otros lugares diferentes a su nacimiento una tierra donde la vida les sea más propicia o encuentren situaciones favorables a su desarrollo personal, social, económico o de otra índole.

No podemos olvidar que el hombre, desde su aparición en este planeta, ha sido nómada y se ha desplazado de unos lugares a otros. Andalucía, su cultura, su idiosincrasia es como es por su situación geográfica, que ha sido puente de la presencia en su territorio de diferentes pueblos y culturas: iberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, árabes, cristianos, judíos… Además, nuestra situación histórica nos ha obligado o permitido ir a otros lugares llevando a ellos nuestra propia cultura. Fuimos a América y llevamos nuestra lengua, cultura, forma de ser.

¿Cómo negarnos, pues, a que otros pueblos, a que otros hombres y mujeres puedan desplazarse a otras tierras, a otros países en busca de su sustento y el de su familia? Debemos recordar que el artículo 12 de la declaración de los Derechos Humanos establece que todo hombre o mujer tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, derecho de salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Por ello, en la década de los 60 del siglo pasado muchos de nuestros paisanos abandonaron las calles de nuestro pueblo para establecerse en otras partes de España o en otros países de nuestro entorno europeo.

En España, durante el año 2022 se han agravado el incumplimiento de ciertos derechos humanos. Así, se ha visto mermado en muchos casos el derecho a la salud, que establece el artículo 25 de la Declaración ya que se han visto desprotegidos quienes viven en las residencias de mayores. Como consecuencia de la incertidumbre del contexto económico se ha incrementado la desprotección al derecho de la salud y a la vivienda, por lo que los ciudadanos siguen reclamando mayores inversiones en la atención primaria y una ley de vivienda que suponga un paso decisivo en la protección de ambos derechos.

En este año, en que se va a producir una nueva elección de las instituciones principales del estado, Congreso, Senado y Gobierno, debemos tener presente que a lo largo de la legislatura que ha acabado se han aprobado importantes leyes que protegen los derechos de los ciudadanos con mayor fuerza. Estas son, en primer lugar, la Ley del "Sólo el Sí es Sí", que aunque con fallos de aplicación de penas, hace que visibilicemos la violencia sexual y aborda de una manera integral la prevención, atención y protección para las víctimas, siempre mujeres, más de 2,8 millones, poniendo en el centro de  acto sexual el consentimiento expreso de la mujer, garantizando al mismo tiempo la asistencia integral y permanente a través de centros de crisis.

En segundo lugar, la Memoria Democrática reconoce por primera vez la responsabilidad del estado sobre la búsqueda y exhumación de las víctimas de desaparición forzada. Es decir, principalmente las víctimas del franquismo. Pone en marcha una fiscalía especializada en la búsqueda y la declaración de nulidad de todas las sentencias dictadas durante la guerra civil o el franquismo. Por último, la reforma de la ley del aborto otorga a la mujer el derecho a tomar la decisión de abortar o no, incluyendo a las mujeres con discapacidad y a las adolescentes mayores de 16 años, que no necesitan autorización expresa de sus padres o tutores.

Para la legislatura siguiente, es decir, la que comenzará en agosto, tras las elecciones generales, han quedado aparcadas tres importantes leyes: la de vivienda para garantizar el derecho que todo ser humano tiene y proteger a los ciudadanos del incremento descontrolado del precio de los alquileres, evitando el desalojo de familias y aumentando el parque de viviendas sociales bien para comprar, bien para alquilar.

La segunda ley que ha quedado en el limbo de la legislatura ha sido la de secretos oficiales, que podrá significar un punto de partida y de inflexión en la gestión de los secretos de Estado, siempre que no se catalogue como tal a la información relativa a las violaciones de los derechos humanos. Y tercera y última la ley para la búsqueda de los bebés robados, a fin de que el Estado asuma la responsabilidad de tomar medidas para aclarar las violaciones de los derechos humanos en relación con la sustracción ilegales de bebés cometidas durante décadas en España.

Asimismo, deberemos como ciudadanos estar vigilantes para que en la próxima legislatura garantice de forma eficiente el acceso a la salud para todos, especialmente para los que padecen enfermedades crónicas, a las personas mayores y a las personas con enfermedades relacionadas con la salud mental. Asimismo, debemos exigir que haya una comisión en el Congreso y en el Senado, que sea eficaz, investigue y aclare de una vez por todas, qué fue lo que pasó en las residencias de mayores durante la pandemia del COVID-19. También que se acabe el uso excesivo de la fuerza en las intervenciones de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque sean minoritarias en número.