Quédense con el calendario. Un día después de la promulgación de la Constitución, los amantes de la naturaleza tuvieron un particular motivo de celebración. El 28 de diciembre de 1978 se aprobó la ley de Doñana, con la firma del nuevo monarca. Celebradas elecciones libres, mientras los representantes de la soberanía popular andaban enfrascados en articular la nueva Carta Magna, hubo tiempo para otras cosas, entre ellas la laboriosa redacción y tramitación de esta nueva ley, la que hizo de Doñana una realidad de espacio natural protegido para un largo periodo, que llega hasta hoy. Transcurridos nueve años desde su inicial declaración, se abría una nueva etapa.

Unos años atrás, el 2 de mayo de 1975, aún vivo el dictador, las Cortes habían aprobado la primera ley de espacios naturales protegidos. En ella se contemplaron varios regímenes de protección, entre ellos los parques nacionales y, también, los parques naturales. Es la norma que acuñó las denominaciones de patronato y junta rectora para los órganos de colaboración con la administración. Decía su articulado que los parques nacionales debían tener “relativa extensión” -ambigua expresión- ser declarados por ley -recordemos que Doñana había sido aprobado por decreto, en base a la legislación de montes- y que en ellos existieran “ecosistemas primigenios” que no hubieran sido sustancialmente alterados por los humanos. Se previó la obligación de adaptar los espacios declarados con anterioridad a lo dispuesto en esta ley. De ahí la reclasificación de Doñana aprobada ese año 1978.

Había publicado en 1977 la subsecretaría de Planificación de la Presidencia del Gobierno de entonces el primer informe general Medio Ambiente en España. En sus más de 1.000 páginas, apenas cinco se dedicaban a los espacios naturales protegidos. Mencionaba la localización del parque nacional de Doñana en las provincias de Sevilla y Huelva, atribuyéndole la cifra oficial de 39.225 hectáreas de extensión. Para el catálogo de curiosidades históricas se puede mencionar que este informe daba por redactado un Anteproyecto de Ley sobre declaración de parques nacionales, mediante el que se ampliaría el de Doñana hasta las 40.100 hectáreas, unas 900 más de las que contaba en ese momento. Nada se decía sobre cuáles serían los terrenos a añadir a la delimitación existente y nunca más se supo de esta propuesta.

La que sí inició su tramitación fue una ley específica de Doñana, para establecer el régimen jurídico especial del parque nacional y su reclasificación. Es decir, una actualización y puesta al día. La seguirían leyes similares entre 1980 y 1982, para efectuar esa reclasificación en otros parques nacionales como Caldera de Taburiente, Teide, Timanfaya, Garajonay y Ordesa. También una norma sobre las zonas de influencia socioeconómica de los parques nacionales – y de las reservas nacionales de caza, no fuese a ser…- con un texto que arrancaba aludiendo al moderno concepto de ecodesarrollo. Estábamos en 1982, todavía con gobierno centrista.

Los avances más significativos de ley de Doñana fueron varios. En primer lugar, una sustancial ampliación de los límites del espacio protegido. Son 50.720 las hectáreas que se adjudicaban como extensión del parque nacional en el informe Medio Ambiente en España de 1984, el primero publicado por el nuevo gobierno socialista, que había dado un paso tímido, pero necesario, creando una dirección general de Medio Ambiente dentro del MOPU, el Ministerio de Obras Públicas. Ello supuso la ampliación de unas 11.000 hectáreas, al incluir la zona de Marismillas, que había quedado fuera en 1969, y toda la costa hasta el Guadalquivir, frente a Sanlúcar. Se blindaba la superficie, al quedar calificada como suelo no urbanizable objeto de protección especial.

En segundo lugar, se establecían zonas de protección y preparques en el entorno inmediato, donde solo sería posible el uso agrario o actividades compatibles con la conservación, que no se definían. Fueron los preparques Norte y Este, la zona del arroyo de La Rocina, una franja marítima de una milla de profundidad, paralela a la costa, y una banda de mil metros siguiendo la carretera que llega hasta Torre de la Higuera. En total, unas 22.500 hectáreas, según se informó entonces. Para las aguas superficiales se consideraban zonas de influencia las cuencas del Guadiamar -sujeto siempre en la controversia- y las de los ríos y arroyos de la margen derecha del Guadalquivir. A efectos de las aguas subterráneas se designaba zona de protección la amplia extensión de nueve términos municipales, desde Aznalcázar, provincia de Sevilla, hasta Palos de la Frontera, en Huelva, lo que empezaría a ser conocido como el Entorno de Doñana. Se preveían unas tímidas medidas en estas áreas: informes del órgano colegiado o suspensiones provisionales, así como, en compensación, ¡ojo con el empleo!

En tercer lugar, contaría el parque nacional con un plan rector de uso y gestión. ¿Para qué? Pues para ordenar, zonificar, regular los usos, dar cumplimiento a los fines de investigación y de disfrute de los visitantes. Interesante esto último: se abriría el parque a los ciudadanos. Un muro iba a caer. También se previó un plan director territorial de coordinación del conjunto de la comarca, planteamiento bienintencionado que daría en el futuro más de un dolor de cabeza. Por último, se daba carta de naturaleza a un órgano de coordinación administrativa y participación social, el Patronato, denominación equívoca, ya que no se trataba de un órgano de gobierno -más bien de colaboración en la gestión-, ni sus miembros eran propiamente patronos. Entre ellos figuraban dos representantes de las asociaciones conservacionistas y, cosa peculiar, los antiguos conservadores del parque y los directores de la reserva biológica. Terminarían sus mandatos, pero seguirían estando allí.

La redacción del texto se había canalizado a través de una comisión de la CIMA, la Comisión Interministerial de Medio Ambiente, en la que intervinieron numerosas personas, de dentro y fuera de la Administración. Se partió de un texto preparado por el ICONA. El CSIC había elaborado otro. Y aún habría un tercero, presentado por el Grupo Socialista en el Congreso. El asunto del plan territorial se había tratado antes, en 1977. En enero y febrero de 1978, el Comité de Naturaleza de la CIMA celebró sucesivas y largas reuniones en las que participaron parlamentarios, propietarios, colegios profesionales, sociedades conservacionistas -así decía un resumen oficial-, además de cargos de los ministerios implicados, en unas sesiones asamblearias, propias de aquellos tiempos tan fluidos y evanescentes aunque, a su vez, contenidos.

Manifestaba la Estación Biológica el cuádruple papel que la ha caracterizado a lo largo de los años. La de órgano científico -con su plantilla de investigadores, sus sedes en el Palacio de Doñana y Sevilla y su revista Acta Vertebrata para difundir resultados-; propietaria y, por ello, gestora de terrenos dentro del parque nacional; colaboradora en la gestión de algunas tareas del propio parque, cuyo titular -recordemos- era entonces ICONA; por último, plataforma generadora de opinión y, en ocasiones, de agitación, ante amenazas para el espacio protegido. Ya en la tramitación de la ley se había movilizado a dieciséis rectores de Universidad, numerosos catedráticos e investigadores de CSIC, para criticar el borrador y aportar sugerencias, entre ellas que ICONA no gestionase el parque nacional. Tiraban alto. Otra prueba de la siempre tensa coexistencia entre Estación e ICONA, que trascendió a la opinión pública, fue la decisión de Javier Castroviejo -director de la Estación en 1979- de talar casi 7.000 pinos de las plantaciones que se habían hecho décadas atrás, mientras que ICONA consideró que no contaban con autorización, al no poder considerarla una actividad de investigación.

La carretera litoral seguía levantando controversias. A comienzos de 1977, un señor de apellido Zorrero, por entonces presidente de la Diputación de Huelva, hasta le había puesto nombre: carretera de Cierre de España. Declaraba que sería una modesta raya de 17 metros de anchura en unos pocos kilómetros. Una raya de nada que no puede molestar. Propuesta digna de Celtiberia Show, el célebre libro del periodista Luis Carandell que retrató, con gran ironía, noticias y sucedidos carpetovetónicos de aquella España, como este que comentamos.