En el mundo ruidoso y polarizado de hoy, con una ciudadanía rendida a las emociones antes que a la razón, para ganar unas elecciones resulta maquiavélicamente más eficaz centrarse en fabricar un relato cargado de consignas y mentiras para repetirlo machaconamente en coros mediáticos —generosamente untados— que confrontar hechos, datos, propuestas y programas; el contraste podría revelar las verdaderas intenciones de quienes aspiran a gobernar. Lo vemos en las actuaciones —nunca mejor dicho— del trío formado por Tellado, Ester Muñoz y Feijoó: eluden explicar sus propuestas, concretar su programa o anticipar las consecuencias de su aplicación, y lo reducen todo al insulto y la hipérbole. Si algún periodista osa preguntar por cualquier asunto de la realidad política, ipso facto ETA es convenientemente resucitada para el siguiente telediario; Sánchez vuelve a ser proclamado como el presidente más sanguinario desde Atapuerca; o se improvisa cualquier otra exageración capaz de mantener en ebullición la indignación del día.
“Los vestigios franquistas no nos abandonan: el que «te vote Txapote», uno de los mayores insultos lanzados contra el presidente —que lee la ilustrada Ayuso del papelito que siempre la acompaña— fue acuñado y difundido por uno de los hijos del historiador de la dictadura y exministro de Cultura Ricardo de la Cierva”, aclara Andrés Villena. Si la derecha persevera en esa estrategia de bombardearlo mediáticamente como un capo de la mafia y apoyada por una red de jueces que parecen haber abierto una causa general contra el Partido Socialista es porque funciona, y una parte importante de la sociedad, viendo cómo un juez dispone de bula para tratar a la mujer del presidente del gobierno como una narcotraficante —y aquí no pasa nada— termina aceptando el relato de este colectivo de reaccionarios como si fuera un hecho.
El paroxismo de este tipo de claudicación de la razón aparece en una secuencia del revelador documental Orwell: 2+2=5, dirigido por Raoul Peck. En uno de sus momentos más significativos, varios simpatizantes de Donald Trump exhiben una adhesión mesiánica al líder al justificar sus mentiras y sus bravuconadas: uno de ellos rechaza que sus seguidores protagonizaran el asalto al Capitolio; otra asegura que continuaría apoyándolo, aunque cometiera un asesinato ante la Casa Blanca; y un tercero niega incluso que dos colaboradores del expresidente se hubieran declarado culpables, inmediatamente después de que el periodista le informa de ello. La realidad había dejado de ser para ellos un criterio con el que juzgar al dirigente al que profesaban una devoción enfermiza y era aquel personaje, entregado a la falsedad y el matonismo verbal, quien determinaba qué debía considerarse real. No deja de resultar estremecedor que esa fidelidad se profesara hacia el magnate, considerando que The Washington Post documentó 30.573 afirmaciones falsas o engañosas durante sus cuatro primeros años en la Casa Blanca.
Este mismo mecanismo se observa, en distintos grados, en una parte nada desdeñable de la ciudadanía española, que ya no utiliza los hechos para juzgar al presidente del Gobierno: si los hechos ofrecen una imagen favorable de Pedro Sánchez, el antisanchista los niega, los minimiza o los retuerce hasta convertirlos en motivo de burla; cuando una caricatura lo presenta bajo la imagen nefasta que el fanático desea ver, la aplaude y la acepta como si fuera un retrato fiel de la realidad. La política deja entonces de ser un espacio de deliberación para convertirse en un acto de fe y de odio inducido mediante mensajes repetidos incesantemente, de cuya reiteración emerge un imaginario artificial que presenta a Pedro Sánchez como una figura siniestra, desprovista de legitimidad moral.
No se pretende únicamente desacreditar unas políticas sino derrotarle electoralmente mediante la deshumanización y presentar como ilegítimo cualquier Gobierno que presida, aunque haya sido constituido conforme a las reglas democráticas. El objetivo es que deje de ser percibido como un adversario político susceptible de crítica y pase a encarnar una amenaza absoluta, un demonio con patas contra el que cualquier acusación, insulto o atropello parezcan justificados —el paroxismo se ilustra en el episodio relatado recientemente por Pedro Piqueras en TVE, cuando una señora se le acercó para decirle que Sánchez había ordenado el lanzamiento de rayos láser desde drones para quemar los bosques que son de comunidades no socialistas—. A fuerza de perseverancia, una parte importante de la sociedad termina odiando con fervor no al hombre real, sino al monstruo imaginario que el relato ha fabricado en su lugar, mientras otros, hartos de tanta saña, apelan a su condición humana, sin que ello implique un ejercicio hagiográfico, ni siquiera votarlo.
En este contexto no resulta difícil imaginar un joven político ambicioso y calculador que, si pretende escalar en un partido de raigambre franquista —con el mercado por bandera y el socialismo siempre a mano para resarcir a los suyos—, advierta que la moral, muy celebrada de cara a la galería, supone un estorbo en la práctica; pues en el lodazal de las redes sociales —inmejorable nicho de pesca—, mentir o defender acciones reprochables inclina la balanza hacia el rédito electoral. Si nuestro cínico arribista comprueba que la transgresión de las reglas de convivencia no recibe castigo, sino recompensa, perderá todo recelo a cruzar las fronteras que separan el decoro de la indecencia, la verdad de la mentira y la empatía de la crueldad. Entonces el abismo dejará de asustarlo y comprenderá que ha llegado el momento de abrazar sin ningún rubor la vía de la demagogia. Basta observar cómo vienen pisando los nuevos cachorros formados en las Nuevas Generaciones del PP.
La demagogia tiene un punto débil: necesita ocultar los hechos que relatan beneficios para una mayoría de ciudadanos. De ahí que, frente al griterío de las falsas consignas orientadas a ocultar una medida justa, sea necesario un ejercicio básico de claridad: poner los hechos sobre el tapete, examinarlos con imparcialidad, demostrar a quiénes han beneficiado y ponderar las consecuencias de no adoptarla. Así opera la democracia.
No se trata de afirmar que una persona deba votar exclusivamente en función de su bolsillo. Un ciudadano puede anteponer legítimamente principios éticos, preferencias ideológicas o proyectos de país a su interés económico inmediato. Pero una cosa es votar contra una medida que se conoce y se rechaza, y otra muy distinta hacerlo bajo los efectos de un odio inducido, sin advertir siquiera que aquello que se pretende derogar sostiene el salario propio, la pensión de los padres, la beca de los hijos o la estabilidad laboral de la familia.
Para comprobarlo, abandonemos por un momento los grandes discursos y entremos en varias casas españolas. Los nombres de sus habitantes serán ficticios; sus circunstancias y las cifras que los acompañan, no.
María tiene cincuenta y dos años y trabaja como limpiadora en una residencia. En 2018 cobraba el salario mínimo interprofesional: 735,90 euros brutos mensuales en catorce pagas. En 2026, una persona que perciba el SMI cobra 1.221 euros, también en catorce pagas. La diferencia asciende a 485,10 euros por paga y a 6.791,40 euros brutos al año. En términos nominales, el salario mínimo ha aumentado un 65,9 % desde el último año del Gobierno de Mariano Rajoy. Independientemente de que considere insuficiente la subida, que lamente el precio disparatado de la vivienda y que critique otros aspectos del Gobierno de coalición, María dispone hoy de una protección salarial muy superior a la de 2018.
Quizá María lleve años compartiendo mensajes en los que Pedro Sánchez aparece como enemigo de los trabajadores. También puede ocurrir que vote a un partido que se opuso a algunas de las subidas del SMI o que anuncie una política laboral que a ella la perjudica. Está en su derecho. Pero antes debería preguntarse si tiene conciencia de que PP y Vox criticaron con dureza la subida, si el programa al que entrega su voto mantendrá esos 1.221 euros, los incrementará o permitirá que pierdan valor. De lo contrario, la papeleta puede acabar pareciéndose demasiado a un disparo cuidadosamente dirigido contra el propio pie.
Javier tiene treinta y cinco años, trabaja como mecánico y acaba de tener una hija. En julio de 2018, el permiso de paternidad se amplió a cinco semanas. Desde la reforma aprobada en 2025, el permiso por nacimiento y cuidado alcanza las diecinueve semanas para cada progenitor; dos de ellas pueden disfrutarse de manera flexible hasta que el menor cumpla ocho años. Son catorce semanas más para cuidar a un recién nacido, acompañar a la madre, acudir al pediatra, y evitar que la responsabilidad familiar recaiga casi por completo sobre la mujer. También son semanas durante las cuales Javier no tiene que elegir entre conservar el salario o atender a su hija. Puede que Javier deteste a Sánchez y que no sepa el motivo. Sin embargo, cuando sostiene a su hija durante una jornada que, bajo la legislación de 2018, habría tenido que pasar en el taller, se está beneficiando de una decisión política concreta a la que se opusieron el PP y Vox.
Carmen tiene setenta y cuatro años y percibe una pensión de 1.200 euros mensuales. Al comenzar 2018, la fórmula entonces vigente establecía una revalorización general del 0,25 %. Aplicada a esa pensión, habría supuesto tres euros más al mes: de 1.200 a 1.203 euros. El sistema aprobado en 2021 vinculó, en cambio, la actualización anual a la inflación media del ejercicio anterior, con la finalidad de impedir que las pensiones pierdan poder adquisitivo. En 2023, cuando la revalorización fue del 8,5 %, una pensión de 1.200 euros pasaba a 1.302: ciento dos euros más por paga. Con una subida del 0,25 %, Carmen habría ganado tres euros; con la actualización del 8,5 %, ganó ciento dos. La diferencia anual, contando catorce pagas, es de 1.386 euros. La pregunta pertinente es: cuando un pensionista vota, ¿se habrá planteado si con su próximo voto apoya a quien mintió sin escrúpulo al asegurar: «Siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC»? ¿Sabrá si, al depositar su papeleta en las urnas, colabora a conservar, modificar o eliminar la vinculación de su pensión al IPC?
Luis tiene veintinueve años y trabaja en un supermercado. Durante años encadenó contratos de semanas o meses. Cada renovación parecía una dádiva y cualquier proyecto de vida quedaba sometido al calendario del encargado. Tras la reforma laboral de 2021, su contrato pasó a ser indefinido. El peso de los trabajadores temporales ha descendido desde el 31,5 % registrado en junio de 2018 hasta el 12,3 % en junio de 2026. La Seguridad Social contabilizaba ese último mes 22.466.339 afiliados, frente a los 19.006.990 de junio de 2018: unos 3,46 millones más. No todo está resuelto con la estabilidad y hay que reconocer que España continúa padeciendo precariedad, pero esto no obliga a negar los avances.
Ana tiene treinta y ocho años, trabaja de forma intermitente como camarera y vive con sus dos hijos. En 2018 no existía una prestación estatal equivalente al Ingreso Mínimo Vital. En junio de 2026, el IMV protegía a 860.458 hogares, en los que vivían 2.627.344 personas; más de un millón eran menores y 144.960 familias eran monoparentales. La ayuda media ascendía a 507 euros mensuales por hogar. Ana no recibiría necesariamente esa cantidad: la prestación se calcula según los ingresos, el patrimonio y la composición familiar, y completa las rentas del hogar hasta el umbral establecido en cada caso. La política responsable discute cómo mejorar la prestación; la demagogia pronuncia «paguita», recoge el aplauso y deja desamparada a la familia que depende de ella.
Lucía tiene diecinueve años, vive en un pueblo y quiere estudiar Enfermería lejos de casa. Su padre trabaja en el campo y su madre encadena empleos de temporada. Para esta familia, la beca no constituye un premio ornamental: determina si Lucía puede matricularse, pagar una habitación y continuar estudiando. La partida estatal destinada a becas era de 1.399 millones de euros en 2018. Para el curso 2026-2027 alcanza los 2.559 millones: un 83 % más. El número aproximado de estudiantes becados ha pasado de 780.000 a un millón. También aquí caben críticas, pero negar el aumento de las becas estatales mientras se aplaude que Ayuso subvencione el Bachillerato privado de familias con ingresos superiores a 100.000 euros no es rigor: es sectarismo.
Los ejemplos anteriores no son medidas aisladas: responden a una forma determinada de entender la acción de gobierno. Esa diferencia se hace especialmente visible al comparar la respuesta europea a la crisis financiera con la adoptada durante la pandemia. En la primera predominó el dogma conservador: se priorizó el recorte del gasto y la reducción del déficit a cualquier precio. El resultado fue una catástrofe social que debilitó los servicios públicos y destruyó millones de empleos, bajo la férrea tutela de unos «hombres de negro» que, años después, cuando buena parte del daño ya era irreparable, acabarían reconociendo sus errores. Durante la pandemia, en cambio, se impuso una orientación más próxima a la socialdemocracia: aceptar temporalmente un mayor endeudamiento y una intervención pública más intensa para proteger las rentas, las empresas y los puestos de trabajo. Arancha González Laya, entonces ministra de Exteriores, desempeñó un papel importante en ese cambio. No fue una solución perfecta, pero sí más eficaz y humana, porque puso la economía al servicio de las personas y no a las personas al servicio de las cifras.
No todos los avances pueden medirse en euros. Manuel tiene setenta y dos años y ha escuchado desde niño que su abuelo yace en una fosa común. Durante décadas, la búsqueda dependió en gran medida del empeño y los recursos de las familias y las asociaciones. Las políticas de memoria democrática han asumido progresivamente que localizar, exhumar e identificar a las víctimas constituye una responsabilidad pública. Al finalizar 2025, el Gobierno de coalición cifraba en unas 9.000 las víctimas exhumadas durante los planes desarrollados en los últimos años. También esto es política social. Todos hemos escuchado al secretario general del PP, Miguel Tellado, anunciar con, con su habitual tono bronco, enfático y sentencioso, que si Alberto Núñez Feijoó llega al Palacio de la Moncloa derogará la Ley de Memoria Democrática en su “primer Consejo de Ministros”.
En el terreno internacional, España reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024, visibilizando con valentía la devastación de Gaza y alzando la voz en defensa de la legalidad internacional. Frente a la ambigüedad del Partido Popular, nuestro presidente se posicionó firmemente en contra de actuaciones al margen de la ley, como el secuestro de Nicolás Maduro o la vulneración de los derechos humanos en el bombardeo de Irán al margen de la ONU. Su valentía fue reconocida por el contraste con la pusilanimidad del resto de gobernantes de países europeos, que progresivamente se alinearon con su posición de apego a la legalidad. Mientras tanto, los reproches de los dirigentes del PP contra el presidente del Gobierno, valiéndose de juicios de valor torticeros, evidencian una manifiesta carencia de argumentos.
Algo semejante sucede con la regulación de las grandes plataformas tecnológicas, cuyos multimillonarios propietarios se comportan cada vez más como soberanos privados, alérgicos a cualquier poder democrático que pretenda imponerles límites. Frente a la desregulación que reclaman para operar sin contrapesos, el Gobierno español no solo ha respaldado la aplicación rigurosa del Reglamento europeo de Servicios Digitales —que obliga a las grandes plataformas a evaluar los riesgos sistémicos, ofrecer mayor transparencia y someterse a supervisión—, sino que ha reclamado ir más allá. Pedro Sánchez ha adoptado en este terreno una posición especialmente explícita y combativa: ha defendido la necesidad de abrir la «caja negra» de los algoritmos, reforzar los organismos europeos encargados de inspeccionarlos y exigir responsabilidades a los directivos cuando sus plataformas incumplan deliberadamente la ley. Es justo reconocer que ha situado así en el centro del debate político la defensa de la soberanía democrática frente a un poder tecnológico acostumbrado a operar sin límites y a no rendir cuentas.
La evaluación democrática exige saber quién decide qué. El salario mínimo, la legislación laboral, las pensiones, los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital dependen fundamentalmente del Estado. En cambio, la gestión ordinaria la sanidad corresponde ampliamente a las comunidades autónomas. También en educación son los gobiernos autonómicos los que gestionan los centros, contratan al personal y ejecutan la mayor parte del presupuesto. Por eso, cuando faltan médicos en un centro de salud, se reducen plantillas docentes o aumenta el número de alumnos por aula, culpar al Gobierno central obedece a una tergiversación interesada de los hechos, realizada a sabiendas de que tales competencias no recaen sobre él.
Es sabido que los miembros del PP y de Vox son hábiles pescadores en río revuelto; con la Dana lo demostraron con creces. Lo mismo sucede con los incendios: la prevención, la gestión forestal y la primera respuesta corresponden principalmente a los dispositivos autonómicos, mientras que el Estado aporta medios de apoyo cuando son solicitados o cuando la emergencia supera determinadas capacidades. La ciudadanía, para votar con conocimiento de causa, ha de entender con claridad que, si no se conservaron los montes, no se mantuvieron los cortafuegos, no se contrataron retenes durante todo el año o no se diseñaron planes adecuados, la responsabilidad corresponde al gobierno autonómico. Un ejemplo reciente lo ofrece la Comunidad de Madrid, donde las consecuencias del incendio pudieron verse agravadas por la insuficiencia de medios y de prevención. En varias comunidades gobernadas por PP y Vox, la ecuación presupuestaria ha derivado en una temeridad: rebajar impuestos, recortar prevención climática y, simultáneamente, mantener o incrementar las partidas destinadas a espectáculos taurinos.
Una ciudadanía incapaz de distinguir las competencias puede premiar, como sucede con Ayuso o Moreno Bonilla, a quienes deberían rendir cuentas por las consecuencias de esa política de debilitamiento de los servicios públicos, y castigar a quien tenía una capacidad limitada para evitarlas. Ahí se abre una brecha de alfabetización política que el sistema educativo y los medios rigurosos deberían contribuir a cerrar. El relato encuentra precisamente en esa confusión —quién decide qué— un terreno fértil para los «demagogos favoritos del pueblo».
Volvamos a María, Javier, Carmen, Luis, Ana, Lucía y Manuel. Algunos votarán a la izquierda; otros, a la derecha; algunos se abstendrán. Ninguno está obligado a agradecer eternamente una medida ni a entregar su voto al Gobierno que la aprobó. Los derechos sociales no son limosnas personales del gobernante, sino decisiones colectivas financiadas por la sociedad. Pero antes de votar convendría formularse algunas preguntas. ¿Qué partido propone mantener el salario mínimo y cuál desea contenerlo? ¿Quién garantiza la actualización de las pensiones con los precios? ¿Qué ocurrirá con los permisos por nacimiento, la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital, las becas o los mecanismos de protección del empleo durante la próxima crisis? ¿Qué modelo europeo se prefiere: el que exige recortes en medio del hundimiento o el que utiliza la capacidad pública para impedir que el desastre arrastre a millones de personas? ¿Y qué administración tiene realmente la competencia sobre cada desaguisado provocado por una mala gestión?
El antisanchismo ha logrado que, para una parte de la ciudadanía, estas preguntas resulten secundarias. El personaje fabricado durante años —tirano, traidor, psicópata, enemigo de España— ha sustituido al gobernante real. Aceptada la caricatura, los hechos se deforman hasta hacerlos encajar en ella. De ese modo, una limpiadora puede votar contra el modelo que elevó su salario mínimo; un padre, contra la ampliación de su permiso; una pensionista, contra la garantía de su poder adquisitivo; un trabajador temporal, contra la reforma que favoreció su estabilidad; y una familia vulnerable, contra la red que complementa sus ingresos. No porque hayan estudiado esas políticas y prefieran otras, sino porque alguien consiguió que odiar a un hombre pesara más que comprender una ley. Votar contra los propios intereses no es necesariamente irracional: a veces obedece a principios superiores. Lo irracional es hacerlo sin saberlo, empujado por una criatura odiosa fabricada artificialmente.
