Andalucía ha vivido este verano una sucesión de prohibiciones de baño en sus playas a causa de la contaminación de origen fecal de las aguas. A principio de julio la Junta, a través de su programa de vigilancia sanitaria de las aguas de baño, recomendó no bañarse en las playas de Matalascañas y Punta Umbría, provincia de Huelva, a causa de la contaminación bacteriana, con la finalidad de evitar riesgos para la salud, sobre todo en la población de riesgo. Debía izarse bandera amarilla, para información de los bañistas. Días después, superados los episodios de contaminación, se dejaba sin efecto esta recomendación.
En la provincia de Cádiz han sido cinco playas cerradas, no recomendación, sino prohibición. De ellas, tres en El Puerto de Santa María -Fuentebravía, Aculadero y Puerto Sherry-, además de otras en Chipiona, Puerto Real y Rota. La causa volvía a ser la contaminación bacteriana de origen fecal, superior al límite tolerable establecido. Achacaba la empresa municipal de El Puerto la causa a las fuertes lluvias que se habían producido el 24 de agosto, activando los aliviaderos del sistema de saneamiento para proteger la red de alcantarillado, y no a un deficiente funcionamiento de su estación depuradora.
En Málaga, a mediados de agosto, se prohibía el baño en varias playas por tercera vez en el verano. Coincidía con la celebración de la feria de la ciudad, concurriendo gran cantidad de visitantes. El Palo, San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba y San Andrés fueron las afectadas. También en este caso se atribuyó la causa a una tormenta registrada el 15 de agosto, de madrugada, con 14 litros de precipitación por metro cuadrado. Según la explicación oficial, las aguas de lluvia se unieron con las residuales en la tubería del saneamiento general y de ahí fueron vertidas al mar para evitar atascos e inundaciones. También en Benalmádena hubo banderas rojas en su litoral. En pocos días, tras nuevas analíticas, las prohibiciones fueron levantadas. Tampoco Granada ha estado libre de restricciones. Hubo prohibición de baño en la playa de Carchuna (Motril) durante varios días del mes de julio y recomendación de no hacerlo en playas de Salobreña y Melicena (Sorvilán).
Tengamos en cuenta algunos datos: Andalucía recibió 37,9 millones de visitantes en 2025, con un crecimiento de un 5,2% con respecto al año anterior. Muchos de ellos a la búsqueda de sol y playas. Ello supuso 27.000 millones de ingresos, un aumento de 3,8%. La cifra de personas ocupadas en el sector turístico alcanzó 482.000. Es previsible que estos números estén aumentando en el presente 2026. Nos lo dirá el balance anual.
La muy publicitada iniciativa de las Banderas Azules concedió este año la distinción a 143 playas andaluzas, cinco más que el año anterior. Se valora la calidad de las aguas, los servicios disponibles para los usuarios y la información al público. Contra lo que mucha gente piensa, no se trata de una iniciativa oficial de las instituciones europeas, sino un proyecto privado, de la Fundación de Educación Ambiental, si bien contó con apoyo oficial comunitario a las primeras ediciones, para contribuir al cumplimiento de la directiva sobre aguas de baño.
La otra cara de la moneda nos la ofrece Ecologistas en Acción, que anunciaba Banderas Negras en razón de variadas deficiencias, bastante heterogéneas, no solo la falta de saneamiento y depuración de las aguas. Por ejemplo, la playa central de Isla Cristina, debido a los daños al cordón dunar; el arco de la bahía de Algeciras, en razón a vertidos urbanos e industriales, bunkering entre barcos y ocupaciones; la playa de Los Berengueles, en Almuñecar, por motivos urbanísticos; la zona costera de Palomares, en Almería, a causa de la presencia de partículas radioactivas -cuyo origen fue la bomba norteamericana que cayó al mar en 1966- o la playa de Punta Entinas, también en Almería, con mala conservación por la existencia de espigones.
La contaminación de origen fecal tiene un origen preciso: la falta de depuración de las aguas residuales urbanas, cuyo volumen se incrementa notablemente en verano dada la cifra desmesurada de visitantes. Sea porque las depuradoras existentes funcional mal o resultan insuficientes para la cantidad de residuos que reciben; sea porque existen nuevos contaminantes para cuya eliminación no están preparadas o porque, directamente, no existen, circunstancia esta última que aún se da en algunos municipios andaluces.
Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, dictada el año 2018, condenó a España a abonar una cuantiosa multa por el incumplimiento de la depuración de aguas residuales en ocho aglomeraciones urbanas (unos 17 municipios), una obligación cuya fecha límite se había prorrogado hasta 2013. Pasados cuatro años, dos de ellas ya cumplían la directiva comunitaria, por lo que la sanción trimestral se había reducido hasta los 3,1 millones de euros. En Andalucía quedaban varias asignaturas pendientes: Barbate, Matalascañas (Almonte), Nerja, Alhaurín el Grande, Coín e Isla Cristina. En 2022 se dio por solucionada la depuración en el municipio onubense de Isla Cristina. Por entonces se habían abonado algo más de 71 millones de euros de multas por los incumplimientos.
Sobre los tres casos sin resolver que quedan en nuestra comunidad autónoma, se ha informado que la depuradora que dará servicio a Barbate y Zahara de los Atunes, provincia de Cádiz, se encuentra al 50% de ejecución, previéndose que esté concluida en febrero de 2027. Más complejas son las otras dos situaciones. En Matalascañas se está dando una circunstancia, poco habitual: son los vecinos y propietarios quienes reclaman, en estos primeros días de septiembre, la depuradora necesaria, pendiente desde hace muchos años, a la vista de los problemas de contaminación de este verano. Para calmar los ánimos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha informado que ya se han elegido terrenos junto a una anterior depuradora -insuficiente- para construir la nueva soterrada y alejada de la línea de costa. Aun así, el ministerio prevé como fecha de entrada en funcionamiento el año 2031.
Con respecto a Alhaurín de la Torre, tercera asignatura pendiente, se trata de una gran depuradora que dará servicio al norte de Málaga para tratar las aguas residuales de ese municipio y de Cártama, que no dispone de este tipo de instalación. También están incluidos Alhaurín el Grande, Torremolinos y parte de la capital, una población cercana a los 250.000 habitantes. Se había elegido un emplazamiento en un lugar llamado Vega de Mestanza, pero el Tribunal Supremo ha dado la razón a los vecinos que se oponían a la obra, debiendo buscarse otro emplazamiento y realizar una nueva tramitación del proyecto. Se trata de la mayor obra de depuración que se prevé realizar en Andalucía.
Y siguen aflorando otros casos por resolver. Hace algunos meses se ha conocido una nueva sentencia del tribunal europeo por deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 10.000 habitantes. Varios casos corresponden a Andalucía. Entre ellos, varios municipios del condado de Huelva y otros de la campiña del Guadalquivir.
