Escribo esto con la rabia que siento desde hace unos días. No quiero que quede en el olvido entre la avalancha de noticias, que, sí que son muy graves, que parece que todo se derrumba ante la pasividad de la ciudadanía y los políticos que sólo miran el corto plazo, aferrados a su poder estatal, autonómico o municipal. Todo esto no nos puede hacer obviar lo que ha pasado en Estepona, donde dos policías municipales violaron a una joven, o en Murcia, donde un empresario hizo lo mismo a una jornalera.
Ambos casos fueron denunciados y, aunque parezca increíble, la fiscalía y el juez, no sé si también la defensa, me da igual por lo que diré más adelante, se ponen de acuerdo para tipificar el delito como simple abuso y la sentencia se limita a gratificar a las víctimas monetariamente y a asistir a un curso de educación sexual.
Cuando digo que me da igual lo que dijera la defensa o si hubo o no acuerdo con las víctimas, lo que quiero decir es que el hecho de que pueda haber ese acuerdo queda invalidado desde el momento en el que las víctimas estaban en un plano de desigualdad: la una jornalera amenazada de ser despedida y la chica de Estepona bajo la presión de una supuesta autoridad que está, se supone, para protegernos.
Un juez y un fiscal no pueden actuar según su ideología, porque eso es lo que parece que ocurrió en ambos casos. La ley tiene que estar por encima de acuerdos sobre delitos tan graves como la violación con el agravante del poder por parte de los agresores. Con casos así la poca fe que nos queda en el sistema judicial se va diluyendo en aguas turbias.
Las mujeres tenemos aún mucho camino que recorrer, mucho por lo que luchar. Nos quieren sumisas y con miedo. Ese es el objetivo de los famosos pinchazos de "sumisión química" este verano: incubarnos miedo, regresarnos a tiempos en los que una buena chica no andaba por ahí sola y haciendo lo que le apetece como los chicos, ¡A dónde vamos a parar!
