Durante la República, el ayuntamiento de derechas también recurrió a los fondos de la "décima contributiva" y a la ley contra el paro forzoso para intentar que los jornaleros en paro obtuviesen jornales al acabar las recolecciones. El alcalde en la sesión plenaria del día 13 de febrero de 1935 dio cuenta de que la comisión gestora de la décima contributiva había acordado la realización de obras de reparación de las calles, fuentes y caminos, con cargo a los ingresos de la misma, por el concepto de jornales, proponiendo el acuerdo de que los materiales que se invirtiesen fueran con cargo al presupuesto de obras públicas del ayuntamiento. La corporación así lo acordó.
Entre las obras a realizar se propuso por un concejal que se hiciese lo posible para que el camino del Pozo Ancho vuelva a la anchura que tenía anteriormente porque los vecinos de enfrente del haza de Bejarano se veían perjudicados. El alcalde contestó que se estaban poniendo bordes en el camino para evitar el estancamiento de aguas de lluvia. La designación del vocal de la comisión gestora de la décima contributiva era competencia de ella misma, pero como el actual era al mismo tiempo un obrero en paro, nadie mejor que él podía poner mayor celo e interés en el resultado de las obras que se realizasen al amparo de la décima contributiva porque además contaba con una reconocida competencia. Otro cargo a nombrar fue la del concejal delegado para la formación del censo de obreros en paro forzoso y la vigilancia de las obras que se estaban realizando, recayendo por su competencia en el concejal José León y León, al que se le concedieron amplias facultades sin perjuicio de las que correspondían al alcalde.
También el alcalde expuso la necesidad de buscar la cooperación tanto de los concejales como de los propietarios a quienes beneficiasen las obras a realizar para conseguir que durasen el mayor tiempo posible y tuvieran mayor eficacia. Siguiendo este pensamiento, un concejal propuso que todos deberían poner a disposición durante varios días sus carros para transportar grava y arena al lugar de las obras para que resultasen más económicas, de mayor duración y de mejores resultados prácticos. En ese momento, otro concejal realizó el ofrecimiento de un carro de su propiedad para que sirviera de ejemplo y solicitó la reforma de la Fuente de la Reina, que se encontraba en estado ruinoso, y sus materiales podrían aprovecharse para las obras a realizar. Hubo un debate entre los que creían que lo correcto sería arreglar las cañerías respetando el carácter antiquísimo de la fuente y los que opinaban que como la fuente ahora no servía para nada estimaban conveniente levantar las cañerías. El buen criterio reinó y se aceptó arreglarlas respetando la singularidad de la fuente. La corporación acordó que el alcalde y el delegado se dirigiesen a los contribuyentes y propietarios de la villa, para la prestación personal de sus carros a fin de poder realizar el transporte de grava y tierra a los lugares donde se realizasen las obras.

El alcalde expuso que la comisión gestora había adoptado el acuerdo de que los obreros se turnaran cada cuatro días, viniéndose realizando por ahora de 2 en 2 días, para evitar el hambre de los que no podían esperar por sus razones personales y familiares. Estaban trabajando unos 47 obreros y varios albañiles. Hubo un concejal que propuso la reparación y arreglo del paso del Algarbejo. Sin embargo, otro expuso que bien podían hacerlo los propietarios a quienes afectaba porque eran de los más ricos. El alcalde manifestó que no había inconveniente en tomar en cuenta dicha propuesta y que no se podían establecer excepciones por razón de la riqueza, ya que si eran más ricos también contribuían con más por el concepto de décima contributiva. Posteriormente se intentó convertir el camino de Carmona en carretera, solicitando al ministerio de Obras Públicas que incluyese la petición en los próximos planes generales de carreteras, por ser insuficiente para el tráfico el camino vecinal, dada la importancia de su trazado y las zonas por la que atravesaba.
Otra carretera que se intentó terminar fue la de Fuentes a Lantejuela. La corporación, haciendo suyas las razones que en el pleno de 24 de agosto de 1935 expuso el alcalde, acordó autorizarlo para que el ayuntamiento solicitase del ministerio de Obras Públicas la continuación y terminación de la carretera en construcción de esta villa a la Lantejuela, informando esta petición favorablemente a los efectos de que por la junta nacional contra el paro concediese el crédito necesario, reglamentariamente aprobadas y acordadas con anterioridad, acogidas a los beneficios del número tercero de las instrucciones para la aplicación de la Ley de Provisión contra el paro, evitando con ello la situación del paro involuntario que se dejaba sentir en esta villa a la terminación de las recolecciones y a los graves perjuicios que se ocasionaban con la incomunicación que se producía en las épocas de lluvias con la carreta general de Marchena a Écija.
Se siguió insistiendo en la necesidad y conveniencia, como medio de resolver el paro forzoso durante la época en que terminaban las recolecciones, de acordar de conformidad con la Ley contra el Paro forzoso y las instrucciones para la aplicación de la misma del ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de 26 de junio de 1935, la construcción de un camino vecinal desde esta villa a la carretera de Palma del Río, siguiendo el itinerario del camino vecinal existente, lo que representaría además de la solución del paro, una gran economía de tiempo y de distancia en el enlace con la carretera general, con la expresada villa y con la de Écija, beneficiando sumamente los intereses agrícolas de numerosos propietarios a quienes afectaría el mismo porque contarían en todo tiempo con una fácil vía de comunicación. Para la realización de este proyecto podría tenerse en cuenta la aportación de un 50% del importe de las obras por parte del Estado para invertirlo exclusivamente en jornales, aportándose el resto por los contribuyentes y propietarios a quienes beneficiaban dichas obras y con la cantidad que en su día, visto su importe y ventajas, acordase este ayuntamiento contribuir, bien con los fondos y recursos propios o con los referentes a la décima contributiva, por cuanto de resolver el paro forzoso se trataba. Que de ser aprobadas dichas obras por la corporación municipal, dada la importancia de las mismas y la falta material para la confección de los proyectos, planos y presupuesto correspondiente, se solicitaría, según las bases del concurso abierto por el ministerio de Obras Públicas, un mes de prórroga para confeccionar los documentos necesarios y gestionar los recursos necesarios para la realización de las obras, según prevenía dichas bases.
No ocurrió así con la petición de ayuda que recibió el ayuntamiento del oresidente de la comisión gestora de la Diputación provincial para la construcción de la carretera de Fuentes de Andalucía a Osuna, a la estación de Matacán y al empalme de Morón a Osuna por los suburbios del Alamillo, también al amparo de los beneficios que concedía la Ley del Paro involuntario. Esta petición fue rechazada pidiendo ayuda porque las condiciones económicas del ayuntamiento no lo permitían y las obras a realizar estaban fuera de los límites del término municipal fontaniego.


