Hay una privatización de los servicios sanitarios evidente, visible, descarada. Es la que deteriora la atención para que los enfermos deserten y huyan a la privada. Pero hay otra privatización apenas perceptible, callada, aunque de consecuencias aún más perjudicial. Consiste en externalizar todos los servicios mediante la subcontratación de empresas, muchas de las cuales -o sus intermediarios- pasan por caja del partido que está en el poder o de las cuentas corrientes de los allegados de quienes adjudican los contratos. Obras públicas, transportes, diagnósticos, comedores, lavanderías, equipamientos técnicos, suministros de material fungible -las mascarillas de la Comunidad de Madrid no son más que una mínima parte del pastel- servicios limpiezas, de mantenimiento, de catering...

Todo o casi todo lo público ha sido privatizado para beneficio de empresas e intermediarios. No tardará en llegar el día en el que también el personal sanitario esté contratado por empresas que ofrecen sus servicios a la sanidad pública a cambio de suculentas adjudicaciones, previo abono de la correspondiente comisión a quien corresponda. Ese día habrá culminado el proceso de privatización absoluta y entonces sólo quedarán los carteles de las fachadas de los centros de salud y hospitales. Habrán acabado liquidando un sistema sanitario que fue durante años la envidia de muchos países.

Así, cuando una ambulancia del SAS recoge a un herido no lo hace con un vehículo propio del sistema sanitario, sino de una de las numerosas empresas que han proliferado alrededor del negocio de la salud. Los rótulos dicen Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, pero es propaganda. Lo mismo ocurre con el transporte de pacientes y con una parte cada vez mayor de las pruebas diagnósticas -resonancias magnéticas, TAC, análisis...- que a diario empresas privadas realizan a petición de los médicos del sistema sanitario público.

Lo ocurrido con el cribado del cáncer es consecuencia directa de la política privatizadora. La tragedia empezó a fraguarse cuando en 2022 el SAS decidió que el cribado de mama dejara de hacerlo el sistema de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada -de la Junta de Andalucía- en beneficio de una empresa privada, radicada en Madrid. Lo que vino después es de sobras conocido. Como ha puesto de manifiesto el caso de los cribados -como antes la compra de mascarillas o la gestión de las ambulancias- las empresas no dan mejor servicio que daban los profesionales del propio sistema. Además, el servicio nos cuesta a los ciudadanos más caro porque incluye la parte del beneficio empresarial y la habitual "mordida" a cambio del contrato.

Nos dicen que es en aras de la eficacia y el ahorro. Pero lo cierto es que los ciudadanos antes pagábamos con nuestros impuestos el personal y las instalaciones. Ahora pagamos, además, los beneficios y las comisiones. En todos esos casos de subcontratas, los empleados públicos han sido sustituidos por empleados de empresas privadas que pagan peores salarios y exigen mayores rendimientos. Esto acaba provocando un considerable deterioro de los derechos laborales y del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Es esa la función del Estado? El cribado no es más que el resultado de unas políticas que consiste en subastar los servicios y desviar ingentes sumas de dinero a las cuentas de empresas que la mayor parte de las veces actúan como auténticos vampiros de la sanidad.