Cuando el estado falla, la solidaridad de la gente sale en auxilio de la población castigada por la catástrofe. La solidaridad nunca falla, como se está viendo estos días en Valencia. El estado falla con demasiada frecuencia, como también se ha puesto de manifiesto. ¿Por qué ha fallado esta vez? Por una serie de factores que es necesario analizar para que no se repita en el futuro o, al menos, para que la ciudadanía sepa a qué atenerse a la hora de votar. Ha fallado, primero, porque la política ha antepuesto, una vez más, los intereses particulares a la protección de la colectividad. Otros factores han sido, sin duda, la dureza de la DANA y el hecho que haya construidas tantas viviendas en zonas de influencia de ramblas y arroyos.
Por lo tanto, estamos ante un escenario provocado, en gran medida, por interese económicos y por el temor a que la voz de alarma por la amenaza de la DANA pudiera poner en peligro los beneficios previstos en el sector del ocio de Valencia. Estábamos en puertas del goloso puente de Todos los Santos, con las reservas hoteleras cerca del noventa por ciento. Por eso, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, publicó a mediodía del martes un tweet restando importancia al temporal que avecinaba, precipitadamente borrado cuando el barro ya inundaba las casas. La otra opción sería creer en la ineptitud de las autoridades autonómicas, que son las competentes en protección civil. Al respecto, convendría recordar que el PP, con apoyo de Vox, liquidó el año pasado la Unidad de Valencia de Emergencias por considerarla un gasto superfluo. Eso no abona la creencia en la ineptitud, sino en una política privatizadora coherente con su ideario.
Porque hay políticas que consideran siempre un gasto superfluo todo aquello que no genere beneficio económico. Como la sanidad pública, por ejemplo. Aquí es donde entra en juego la privatización de la solidaridad. ¿Qué nos dice lo ocurrido esta semana pasada en Valencia? Lo mismo que nos dijo la catástrofe del Prestige en 2002 o el huracán Katrina de 2005, que arrasó las Bahamas y Florida. No dice que el paulatino adelgazamiento del Estado, con la supresión de servicios públicos esenciales, acaba dejando sobre las espaldas de las personas su supervivencia en situaciones extremas y, a posteriori, la necesarias ayuda a los damnificados. Los llamamientos a la solidaridad que se prodigan por todas partes están muy bien y son necesarios, pero no debemos perder de vista que es al Estado, no a los particulares, a quien le corresponde atender a la población con recursos públicos suficientes y eficaces.
La solidaridad de la población está muy bien y en necesaria, pero en un país como el nuestro, rico y equipado de suficientes infraestructuras, el Estado tiene sobrados recursos (protección civil, bomberos, emergencias sanitarias, guardia civil, policías nacional y local, ejército...) para no tener que echar mano de la ayuda de la gente. Auxiliar al que no necesita está bien, pero debe correr a cargo de un sistema de protección social público, eficaz y ágil. Cuando eso no ocurre y sucede una catástrofe como la de Valencia, lo conveniente es saber qué ha fallado y, sobre todo, dejar de anteponer los intereses particulares a los colectivos. No perdamos de vista que nos están llevando a la privatización de las emergencias, de la sanidad, de la educación, al sálvese quien pueda. No conducen a un sistema que abandona a la gente a su suerte y al abrigo -o a la intemperie- de sus propios bolsillos.