La política liberal-conservadora aplicada durante años en las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha consistido, en la práctica, en sustituir bomberos por toreros, inversión estructural por propaganda y servicio público por privatización. Las consecuencias de su falta de previsión y de su desastrosa gestión cotidiana saltan a la vista: montes sin limpieza preventiva, brigadas forestales precarizadas o externalizadas y planes de emergencia improvisados. Recortan en lo que despectivamente llaman “gasto inútil” —la prevención— y cuando la tragedia prende fuego al monte, salen en tromba a pedir auxilio a papá Estado. Y como guinda, incendian el ambiente mediático con un coro de gritones dispuestos a tergiversar la realidad, todo para encubrir su nefasta gestión en los asuntos sociales.
Así que no nos distraigamos y, si de verdad queremos localizar a los pirómanos, conviene buscarlos en las sedes del PP, empezando por Génova, que es el epicentro de unas políticas antisociales que han dejado cenizas por todo el país. Porque, como bien saben agricultores y ecologistas, los incendios se apagan en invierno, con prevención. El principal pirómano empieza su labor en los despachos donde se deciden los recortes. A ello se suma el deterioro acumulado de las infraestructuras: carreteras sin mantenimiento, centros de salud desbordados y sin personal suficiente, hospitales donde las plantillas se vacían a golpe de recortes, universidades con goteras y laboratorios sin financiación.
El caso de Andalucía es paradigmático: mientras la Junta presume de récords en inversión preventiva, la realidad muestra otra cara. La práctica que ha ido imponiéndose, fruto de los recortes, consiste en externalizar la limpieza del monte a cuadrillas mínimas y muy mecanizadas que extraen biomasa para biocombustible pero dejan el ramaje en el suelo, con lo que, lejos de reducirlo, multiplican el riesgo de incendio. Paralelamente, se precariza el INFOCA con retenes incompletos y casetas cerradas. Este modelo, más barato en el corto plazo, acaba saliendo carísimo en cuanto prende la primera chispa, tal y como llevan tiempo advirtiendo los propios bomberos forestales. Y la misma lógica se repite en los demás campos: Bonilla recorta en sanidad pública —menos contratos cada verano y más dinero desviado a la privada—; reduce miles de aulas en la enseñanza pública con la coartada de la baja natalidad, cuando podría haberse aprovechado para bajar ratios; y tampoco se libra la Formación Profesional, donde se cierran ciclos enteros en institutos públicos, empujando a muchos jóvenes a la enseñanza privada o, directamente, al abandono escolar.
Bonilla no solo aplica con ahínco recortes tangibles, también los disfraza bajo una narrativa cuidadosamente controlada. Para ello dispone de una potente artillería mediática en la que sobresale Mesa de análisis, el programa diario de Canal Sur conducido por Teodoro León Gross, señalado en numerosas ocasiones por su falta de pluralismo. Resulta bochornoso el trato informativo dispensado allí a María Jesús Montero, candidata del PSOE a la presidencia de la Junta. Tal como documentó El País tras analizar más de cuarenta y cinco horas de informativos de la cadena pública andaluza, el sesgo a favor del Gobierno es sistemático: las noticias incómodas —listas de espera récord, recortes, ceses polémicos, privatizaciones, chiringuitos, supresión de aulas, ratios desmesuradas o el progresivo desplazamiento de la educación hacia la concertada— apenas asoman o se minimizan, mientras cualquier asunto capaz de desgastar a la oposición se magnifica y se repite hasta la saciedad. En esta cadena, el impresentable juez Peinado, señalado por eminentes catedráticos como ejemplo de lawfare en estado puro, es encumbrado como si fuera un héroe.
Para entender el contraste con la manera de proceder del tándem PP–Vox frente a los gobiernos progresistas, más atentos a los problemas sociales, basta recordar la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en 2005, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su función era clara: intervenir con rapidez en catástrofes —incendios, inundaciones, nevadas, terremotos— e incluso en emergencias NBQ (nuclear, biológica, química). Hasta entonces, esas tareas se repartían entre protección civil, bomberos, Guardia Civil y ejército convencional, pero no existía un cuerpo especializado en emergencias civiles. Por aquel entonces, el Partido Popular, fiel a su guion de oposición incendiaria, reaccionó con severas críticas. Tacharon la UME de innecesaria y redundante, un gasto superfluo en tiempos de bonanza e incluso se dijo que era una “ocurrencia” propagandística de Zapatero. Algunos dirigentes la ridiculizaron con la imagen de “soldados con pala” diseñados para dar buena prensa en los informativos, como si el problema fuera la pala y no el incendio.
Mientras tanto, la realidad en los gobiernos autonómicos del PP es que el dinero fluye con generosidad hacia becas de élite de hasta 100.000 euros, diseñadas para quienes menos lo necesitan; hacia chiringuitos como la llamada oficina del español; o hacia proyectos de relumbrón destinados a engordar currículos, pero no a sostener la cohesión social. Precisamente, de un chiringuito de estos recibió su bautismo político Santiago Abascal, colocado a sueldo —más propio de un catedrático que de su menguante currículum— por Esperanza Aguirre en la llamada Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, inventada por el PP para dar cobijo a fieles sin oficio conocido que adoran la teta pública solo si es para ellos. Es la paradoja de un modelo que promociona el ascensor social siempre que esté reservado a quienes ya tienen ático.
(Mañana: Los pirómanos están en Génova (y 2)
