Una de las primeras medidas económicas tomadas en 1931 por el primer ayuntamiento republicano fue la solicitud de un préstamo a la Caja de Seguros Sociales y de Ahorro de Andalucía Occidental y al Instituto Nacional de Previsión para poder anticipar a los modestos labradores la cantidad que ellos solicitasen a fin de poder realizar la cosecha de cereales y posteriormente la sementera. A esta convocatoria realizaron su solicitud 56 pequeños agricultores, que solicitaban cantidades comprendidas entre 100 pesetas, los menos adinerados, y 3.000 los más pudientes, teniendo que solicitar el ayuntamiento 41.125 pesetas.

El 9 de julio se recibe la respuesta de la Caja de Seguros Sociales por la que sólo concede al ayuntamiento 36.000 pesetas, en concordancia con las garantías que la corporación tiene presentadas, que ofrece la aceptación de dicha cantidad o la ampliación de garantías para poder obtener la totalidad del préstamo solicitado. Ante este dilema, el pleno del ayuntamiento acepta la cantidad ofrecida por la Caja de Seguros Sociales ya que con ella se puede remediar las necesidades de los labradores que han realizado su petición.

Posteriormente, próximo a realizar la sementera de cereales, 94 colonos y agricultores solicitaron al alcalde que el ayuntamiento pidiera un nuevo préstamo. La petición de los agricultores se elevaba a 31.585 pesetas y el ayuntamiento aprobó el 9 de noviembre que se realizase una petición de 21.000 pesetas. La Caja contesta ofreciendo la cantidad de 16.000 pesetas, cantidad que es aceptada por la corporación, acordando que el alcalde nombre una comisión al efecto de la distribución proporcional entre los peticionarios, previas las garantías necesarias para responder a lo que cada labrador recibiera.

Sin embargo, la situación económica de la mayoría de los pequeños agricultores fontaniegos no era en aquellos tiempos muy boyante, por lo que se las veían y deseaban para subsistir y pagar los préstamos solicitados. Por eso, el 26 de marzo de 1932, el ayuntamiento acordó solicitar a la Caja de Seguros Sociales la prórroga del préstamo por un plazo de 6 meses más que cumpliría el 30 de septiembre. Dicho préstamo fue cancelado el día 28 de septiembre, según lo comunicó el alcalde ya que muchos de los agricultores habían retribuido al ayuntamiento las cantidades que se les prestaron. Pero quedaban algunos que no habían satisfecho los préstamos recibidos y a los que se precisaba verificarles sus respectivos cobros, quedando por ver las medidas a tomar para realizarlos.

En la primavera del año 1933 los pequeños agricultores vuelven a comunicar al alcalde la grave situación económica que padecen y que, por tanto, necesitan que el ayuntamiento pida y avale un nuevo préstamo de la Caja Colaboradora de Andalucía Occidental. Hace saber también que, por las gestiones realizadas ante la Caja Colaboradora, ésta era propicia a concederlo. Abierta la discusión del tema, un concejal de la minoría socialista manifiesta que su grupo está conforme con la petición, siempre que por los labradores cedan un cincuenta por ciento del préstamo recibido para peonadas de los obreros.

El alcalde le replicó que la condición habría que ser consultada a los peticionarios y que, si estos no acceden a dicha condición, el perjuicio perjudicaría no sólo en los pequeños agricultores, sino también a la clase obrera del campo. Añadió también que para pedir el préstamo tenía que ser con la aprobación de al menos las cuatro quintas partes de los concejales. El concejal socialista siguió insistiendo en la propuesta y, ante la discusión levantada, el alcalde reiteró que los propietarios que solicitaban el préstamo deberían ser considerados como obreros y que ante todo deberían ser consultados los labradores que lo solicitaban para hacer o no la petición del préstamo en cuestión.

Al llegar el otoño y plantearse la sementera para la cosecha, de nuevo 191 pequeños labradores solicitaron al alcalde que volviera a pedir un préstamo al Instituto Nacional de Previsión. Estos pequeños agricultores solicitaban ayudas que oscilaban entre 125 pesetas que pedían José Ruiz Ruiz y José León Hidalgo y 2.000, que pedía Francisco López Flores. Ante la imposibilidad del ayuntamiento de facilitar la cantidad solicitada por los agricultores para sus fines laborales, era necesario pedir un préstamo a la entidad financiera colaboradora, pero que esta petición fuera aprobada por la mayoría absoluta de los concejales que asisten al pleno.

Por ello al alcalde, tras la correspondiente discusión propuso los siguientes acuerdos: 1º.- Estimar que la cantidad necesaria para los anticipos reintegrables era de 88.895 pesetas. 2º.- Solicitar a Instituto Nacional de Previsión un préstamo por igual cantidad a devolver antes de 15 de octubre del año 1934, más los intereses correspondientes al 5% anual y ofreciendo como garantía los arbitrios de pesas y medidas, el impuesto municipal sobre vinos y bebidas alcohólicas, arbitrios sobre los puestos de venta de la carne de hebra, arbitrios sobre los demás puestos del mercado de abastos, idem sobre los puestos en vía pública, licencia de los vehículos de tracción animal, arbitrio sobre el aprovechamiento del suelo, pompas fúnebres y rejas salientes en la vía pública y arbitrios sobre los productos de la tierra. Todo ello ascendía a 120.287 pesetas. Estos puntos son aceptados y aprobados por los asistentes y se nombra una comisión formada por tres concejales y presidida por el alcalde para concertar con los vecinos que han solicitado el anticipo las garantías exigibles para asegurar sus respectivos compromisos con el ayuntamiento, para formalizar y autorizar los contratos, entregar los anticipos, hacer efectivas las garantías y vigilar y exigir a los vecinos lo convenido con la entidad bancaria y el ayuntamiento.
 
Esta necesidad de solicitar un préstamo al Instituto Nacional de Previsión queda reflejada en el acta de la sesión extraordinaria del día 4 de julio de 1936. En ella el último alcalde republicano, José Martín Ruiz, manifestó que había recibido diferentes solicitudes de anticipos de fondos de varios propietarios y colonos vecinos para atender a los jornales que necesitaban para la recolección de cereales. En la relación figuraban 211 propietarios solicitando préstamos que oscilaban entre 100 pesetas, el de menor valor, y 2.500 el de mayor cantidad, sumando un total de 123.150 pesetas. Todos ellos habían acreditado que pagaban contribución territorial cuya cuota no excedía a 500 pesetas al año y se habían comprometido a devolver el préstamo solicitado el mismo día que vencía el plazo por el que recibía dicho beneficio del ayuntamiento, más el interés fijado de antemano y asimismo aceptaban contratar a obreros locales para realizar las labores propias de la recolección.

Ante la imposibilidad de disponer de los fondos solicitados por los agricultores, al carecer de asignación concreta en el presupuesto, el alcalde propone a la corporación en pleno aprobar la solicitud de un préstamo al Instituto, comprometiéndose a devolverlo en el plazo que la entidad financiera fijase, más un 5% anual de los intereses y poniendo como garantía los impuestos municipales, que ascendían a 90.401,92 pesetas. Esta propuesta es aprobada por unanimidad y se forma en el seno de la corporación una comisión, compuesta por el alcalde y cuatro concejales, a fin de concretar las garantías exigibles. Debido al golpe militar del 18 de julio esta petición quedó en suspenso.