El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y exigió que el poder pasase a manos de los militares. El rey Alfonso XIII aceptó al general sublevado y le encomendó la formación de un nuevo gobierno integrado exclusivamente por militares. La dictadura tuvo 7 años de vida en los que se dieron dos formas de gobierno: el directorio militar, formado exclusivamente por militares y el directorio civil, en el que estuvieron junto a los militares algunos políticos civiles. El primero, que rigió los destinos de los españoles entre 1923 y 1925, pretendía resolver los problemas pendientes de la sociedad española y se presentó como un régimen de carácter interino, mientras que el segundo quiso perpetuase en el poder y por ello mostró un gran interés por las cuestiones de índole económica y social, al mismo tiempo que creaba instituciones propias que le dieran cobertura política.

El golpe de estado se justificó por la situación del régimen constitucional nacido de la Restauración que estaba bloqueado y sobre el que pesaban los acontecimientos ocurridos en los anteriores años: la guerra de Marruecos y la derrota del ejército español en Annual, la Semana Trágica de Barcelona y la llamada crisis de 1917, que fue protagonizada por la aparición de las juntas militares, la asamblea de parlamentarios catalanes y la  huelga general convocada por la CNT y la UGT para protestar por la bajada de salarios y la subida de los precios. Además de la aparición del pistolerismo, especialmente en Cataluña, donde los grupos anarquistas violentos atentaban contra las autoridades, los patronos y las fuerzas del orden. Frente a ellos,  la patronal contrataba a pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes obreros o recurría al cierre de las empresas.

En el manifiesto inaugural ya anunció el dictador que tenía la firme voluntad de acabar con el caciquismo, con los políticos de profesión, con la indisciplina social y con las amenazas a la unidad nacional, derivadas de las reivindicaciones de los partidos separatistas. Las primeras medidas del directorio militar pusieron de manifiesto el carácter dictatorial del mismo con la disolución de las Cortes españolas, el cese de las autoridades civiles y la prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, todo ello acompañado de la militarización del orden público y de la represión de los movimientos obreros más radicales, CNT y PCE.

La regeneración política fue uno de los objetivos primordiales del discurso inaugural del dictador. Por ello, para liquidar el caciquismo se elaboró un estatuto municipal y otro provincial y se disolvieron los ayuntamientos. Los concejales  fueron sustituidos por los vocales de las juntas municipales de asociados, integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad y nombrados por los gobernadores civiles mediante un real decreto publicado el 30 de septiembre de 1923. La regeneración política se quedó en una farsa ya que quedaron suspendidos los mecanismos electorales y la renovación política se limitó a sustituir unos caciques por otros.

El ayuntamiento de Fuentes, que había tomado posesión el 1 de abril de 1922, va a ser sustituido según ordenaba el real decreto. El día 3 de octubre se reunió en sesión extraordinaria el ayuntamiento pleno, bajo la presidencia del comandante del puesto de la Guardia Civil y con asistencia del secretario del ayuntamiento. Abierta la sesión, se dio lectura al acta de la sesión anterior, que fue aprobada por los concejales asistentes, que iban a ser cesados.

Seguidamente el presidente dispuso que se diera lectura al mencionado decreto para proceder en todo a lo dispuesto por el mismo. Tras ella y a tenor de lo que se disponía en el artículo 1, declaró que cesaban en sus funciones todos los concejales que hasta el momento habían integrado el ayuntamiento, siendo inmediatamente reemplazados por los vocales asociados asistentes y que habían sido elegidos por sorteo, entre los mayores contribuyentes: Juan Conde Hidalgo, Juan González Rodríguez, Francisco Osuna Caro, Manuel Hidalgo Tortolero, José Isnard Muñoz, Juan García Rodríguez, José Muñoz Gómez, Luis Carrillo Bastos, José Caro Conde, Sebastián Caro Rodríguez, Manuel Ramos Bautista, José Conde Pérez, José Barcia Fernández y Cristóbal Isnard Muñoz. Estos señores ocuparon los escaños concejiles, retirándose los concejales que cesaban.

Continuando en la presidencia el comandante del puesto de la Guardia Civil y se procedió a la elección del alcalde que se verificó como disponían los artículos 54 y 55 de la ley municipal, a cuyo efecto todos los asociados que habían sido posesionados en los cargos de concejales fueron entregando al presidente una papeleta doblada que éste depositaba en una urna. Terminada la votación, el comandante de la Guardia Civil extrajo de la urna las 14 papeletas, resultando que Luis Carrillo Bastos obtuvo mayoría de votos, por lo que fue proclamado alcalde y por tanto el comandante le entregó las insignias del cargo.

De conformidad con lo que disponía el artículo 56 de la ley municipal, se procedió a la votación en secreto de los cargos de primero, segundo y tercer tenientes de alcalde, resultando elegidos para primer teniente de alcalde Manuel Hidalgo Tortolero; para segundo teniente de alcalde Manuel Ramos Bautista y para tercer teniente de alcalde, Juan González Rodríguez , a los que se les entregó las insignias de sus cargos. A continuación y de conformidad con lo que se ordenaba en ese mismo artículo,  en votación nominal fue elegido regidor síndico de la corporación José Caro Conde  y como suplente José Muñoz Gómez, quedando así constituido este ayuntamiento.

Acto seguido y siempre con la intervención de la autoridad militar asistente al acto y para dar cumplimiento a lo que se ordenaba en el artículo 2 del mencionado Real Decreto y a fin de elegir los miembros asociados de la junta municipal, la corporación acordó, a tenor de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Municipal, dividir el pueblo en 6 secciones, verificándolo por calles, ya que no existían gremios en la localidad, señalando 3 vocales asociados a las secciones 1ª y 2ª y 2 vocales a cada una de las restantes secciones. Tras ello se procedió al sorteo de los vocales asociados entre los mayores contribuyentes para formar junto a los concejales la junta municipal de asociados.

Para seguir organizando el ayuntamiento según la Ley Municipal de 1877, el día 10 de octubre de 1923 se reunió el ayuntamiento pleno y se procedió a la elección de los concejales que deberían formar parte de cada una de las siete comisiones permanentes que formarían el organigrama general de ayuntamiento: comisión de hacienda, presupuesto y gobierno interior; comisión de beneficencia, sanidad, matadero y mercados; comisión policía urbana y rural y obras públicas; comisión de funciones y festejos; comisión de quintas, asuntos militares, alojamientos y bagajes; comisión de instrucción pública y pósito.

Desde la formación del primer ayuntamiento dictatorial hasta la promulgación del decreto de 15 de febrero de 1930 por la llamada dictablanda se formaron 11 ayuntamientos diferentes, algunos de ellos fueron:

-El 31 de marzo de 1924, por la dimisión de tres concejales, el delegado gubernativo de Écija convocó una sesión extraordinaria del ayuntamiento para dar posesión a los nuevos concejales “electos”, elegidos entre los mayores contribuyentes. Por el acta de esta sesión podemos deducir que había desaparecido todo viso de participación ciudadana en la elección de sus representantes más próximos. El carácter dictatorial del régimen impuesto afectaba muy de lleno a la institución municipal porque al ser designados los concejales por el Sr. Delegado del distrito, militar de oficio, debido al carácter ideológico del Directorio Militar, no participaban ellos mismos en su presentación voluntaria a las elecciones, puesto que no las había. Ello daba origen a que más pronto que tarde los concejales designados por esa autoridad militar presentaran una y mil excusas para dimitir de sus cargos de concejales a los que no se sentían vinculados por distintas razones.

-El 26 de mayo de 1924 tomaba posesión un nuevo ayuntamiento por la dimisión de 9 concejales que habían aducido muy diversas y variopintas razones para apoyarla. El delegado gubernativo nombraba 9 sustitutos, siendo elegido Luis Conde Herce como alcalde. El 30 de junio del mismo año muere el alcalde y es sustituido por otro ciudadano fontaniego. El nuevo ayuntamiento elige como alcalde a José Luis Escalera y Vasco. Este ayuntamiento será el de mayor duración, salvo la alteración producida por la dimisión de dos concejales, uno de ellos el primer teniente de alcalde, producida el 27 de septiembre de 1927.

-El 31 de enero de 1930 se produce la dimisión de toda la corporación por haber caído el dictador pero que no le es aceptada hasta tanto no se produjo la creación de un nuevo ayuntamiento por decreto de 15 de febrero de 1930 que estableció que el nuevo ayuntamiento estuviera formado por la mitad de los concejales obtenidos entre los mayores contribuyentes y la otra mitad de entre los concejales de las elecciones de 1917.  El relativo consenso inicial que había tenido el golpe de Estado entre las clases conservadoras fue resquebrajándose con el paso del tiempo, al mostrarse incapaz las distintas facciones monárquicas de encontrar una salida al régimen que garantizase la transición hacia un sistema constitucional. Además, comenzó a organizarse la oposición al régimen. El dictador perdió la confianza del rey y el general Berenguer fue el encargado de sustituirlo y formar nuevo gobierno con la promesa de volver al constitucionalismo, pero con una lentitud pasmosa, que hizo que la oposición mostrara su descontento hacia el nuevo régimen que paso a la historia con el nombre de dictablanda.

Los ayuntamientos formados en el periodo de la dictadura tienen unos caracteres singulares:

  • Por el carácter militar de la dictadura y la esencia misma del nuevo régimen los ayuntamientos eran designados por la llamada superioridad, delegado gubernativo del distrito, gobernador civil o el propio ministro de la Gobernación.
  • No hubo ningún tipo de elecciones. A pesar de los intentos de que la dictadura pareciese ser un sistema político con características democráticas, nunca lo fue, pues durante el periodo en que estuvo vigente no hubo ningún proceso electoral.
  • Hubo una acusada inestabilidad política y administrativa en el ayuntamiento. Salvo el periodo comprendido entre el 26 de abril de 1924 y el 15 de febrero de 1930, en que rigieron el ayuntamiento las mismas personas (salvo el cambio del alcalde Jaime Conde Herce, fallecido el 30 de junio de 1924, por el primer teniente de alcalde José Luis de la Escalera y Vasco y, por tanto, hubo una estabilidad administrativa.
  • Formaban parte de los ayuntamientos las personas con más recursos, ya que la mayoría de las veces los nombres de los concejales eran sacados de las listas de los mayores contribuyentes del pueblo, por lo que podemos decir que eran ayuntamientos cada vez más conservadores.