Vacunas, aranceles y el precio del pragmatismo (1)
Los medios de comunicación de casi todo el mundo reservan sistemáticamente un espacio para los despropósitos de Trump, no necesariamente porque lo que dice sea relevante, sino porque garantizan titulares jugosos, clics y atención. Trump, por su parte, lanza esas ocurrencias precisamente porque sabe que así capta el foco mediático y logra moldear a su antojo la agenda periodística y, con ello, la conversación pública. Esta no es una deriva espontánea: uno de sus antiguos ideólogos clave, Steve Bannon —con quien acabaría rompiendo relaciones— defiende abiertamente esta estrategia. Bannon sostiene que saturar el espacio mediático con provocaciones y declaraciones escandalosas sirve para desorientar a la prensa, monopolizar la conversación pública y desactivar el análisis riguroso, sustituyéndolo por un flujo constante de sobresaltos.
Muchas veces, frente a semejantes salidas de tono, uno podría pensar con cierto desdén: bueno, si no nos afecta directamente, que el pueblo estadounidense —que eligió esa política tan sui géneris— la disfrute o la sufra— “sarna con gusto no pica”, que diríamos por aquí. Sin embargo, el problema es que no siempre nos quedamos al margen. Los disparates que cruzan el Atlántico no son solo espectáculo mediático: a menudo tienen consecuencias reales que nos alcanzan, ya sea en forma de decisiones comerciales, presiones diplomáticas, desregulaciones ambientales o sacudidas geopolíticas.
Lo que empieza como una provocación para acaparar titulares puede terminar alterando las reglas de juego globales. Es el caso de la gestión de la salud pública: Donald Trump incluyó en su lista de nombramientos a Robert F. Kennedy Jr. como máximo responsable de esta cartera, una decisión que ha generado un fuerte debate entre profesionales y medios de comunicación. Pues resulta que esta persona tiene una larga trayectoria de oposición a las vacunas y ha sido uno de los principales difusores de teorías conspirativas, como la idea —ya desmentida por la ciencia— de que existe un vínculo entre vacunas y autismo, la sospecha infundada de que la fluoración del agua es un daño deliberado para la salud pública, o incluso el negacionismo del VIH/SIDA.
Pero no se trata solo de su figura. Además de nombrar a Kennedy, Trump ha incorporado a su equipo a personas como Jay Bhattacharya, conocido por oponerse a los confinamientos durante la pandemia de COVID-19, y Mehmet Oz, un médico famoso por sus apariciones televisivas y por haber promocionado productos y tratamientos sin respaldo científico. Lo preocupante de estas incorporaciones es que tienen algo en común: carecen de experiencia sólida en gestión pública de salud o en el liderazgo de instituciones sanitarias complejas, y defienden posturas abiertamente contrarias al consenso científico internacional. En lugar de fortalecer el equipo con especialistas en salud pública, epidemiología, inmunología o medicina preventiva, se ha optado por perfiles polémicos, ligados al espectáculo mediático o al activismo ideológico. Esto genera inquietud porque, frente a desafíos sanitarios complejos, la preparación técnica es clave para tomar decisiones que protejan la salud de la población.

En los primeros seis meses de gestión, Kennedy ha reestructurado el departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), recortado miles de puestos de trabajo, disuelto comités científicos clave —como el comité asesor de vacunas— y cancelado campañas esenciales, entre ellas la vacunación contra la gripe. Las consecuencias ya son visibles: los medios reportan un aumento preocupante de casos de sarampión, con cifras que no se veían en EE.UU. desde hace más de 30 años. Las comunidades médicas alertan de un debilitamiento generalizado de los programas de atención y prevención, que son precisamente los que permiten detectar y contener enfermedades antes de que se conviertan en crisis.
La lectura en la prensa de una noticia sobre la combinación de purgas internas, populismo sanitario, desinformación y recortes que el mandato de Kennedy aplica al departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, equivalente al ministerio de Sanidad, me llevó a buscar más información sobre su gestión, y llegué a la conclusión de que lo que está en juego trasciende el debate político o ideológico, porque con las medidas trumpistas ejecutadas por Kennedy no solo se avanza hacia el desmantelamiento progresivo de estructuras y principios básicos de salud pública, con riesgos concretos para la población estadounidense, sino que también se abren potenciales repercusiones a nivel internacional. En este contexto, pedir certificados de vacunación a quienes viajan desde EE. UU. es un acto de responsabilidad. Es proteger a Europa de riesgos importados en un momento en que los lazos globales son más vulnerables que nunca. En salud pública, las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas. Y Europa tiene el derecho —y el deber— de cuidar de su gente. Es una acción sanitaria proporcional y fundamentada, orientada exclusivamente a proteger la salud pública y evitar retrocesos graves en la seguridad epidemiológica del continente, en línea con los principios establecidos en los tratados y normas europeas de salud pública —el Artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que exige garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, y con el Reglamento (UE) 2022/2371, que refuerza la capacidad de coordinación y respuesta conjunta ante amenazas sanitarias graves que puedan atravesar fronteras.
La medida se justifica por razones objetivas. En marzo de 2025, el departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. anunció recortes de 10 000 empleos —una reducción de cerca del 20 % del personal— que ha afectado gravemente a organismos clave como los CDC y la FDA, debilitando su capacidad para detectar, rastrear y contener brotes. A esto se suma la reestructuración del comité asesor de vacunas y la eliminación de campañas públicas, lo que coincide con una preocupante caída de las tasas de vacunación infantil: la cobertura contra sarampión, paperas y rubéola (MMR) ha descendido de un 95 % prepandemia a menos del 93 %, quedando por debajo del umbral necesario para mantener la inmunidad colectiva. Un estudio reciente de Johns Hopkins confirma una reducción de hasta tres puntos porcentuales en 33 estados, y en lo que va de 2025 se han reportado más de 1 300 casos de sarampión, alcanzando niveles no vistos desde 1992. Enfermedades que en Europa están controladas o eliminadas podrían reintroducirse a través de viajeros no inmunizados procedentes de un país donde las coberturas están claramente retrocediendo.