Cuando hablamos de la infancia nos gusta hacerlo destacando cuestiones y situaciones positivas, por la importancia que todos damos al bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Pero lamentablemente no toda la infancia es igual, ni vive las mismas circunstancias; mientras parte de ella disfruta de las mejores condiciones para poder realizar un proyecto de vida favorable, otra parte acumula barreras, limitaciones y adversidades para desarrollar su proyecto vital, de modo que aquello de “la igualdad de oportunidades” se convierte en un objetivo que aún se está lejos de conseguir y al que le queda mucho camino por recorrer.
La pobreza es la causa más importante que determina, de forma decisiva, que unos tengan más papeletas para aprender y para salir adelante y otros tengan menos probabilidades de alcanzar un proyecto favorable; en ocasiones hasta determina un recorrido de fracaso escolar y una ruta que de forma casi irremediable conduce a la exclusión y al analfabetismo funcional, abriendo la puerta de la marginación e incluso de la delincuencia. Muchos profesionales del ámbito jurídico de nuestro entorno así lo confirman y comprueban en su práctica diaria.
Efectivamente, la pobreza se hereda y es difícil de salir de su laberinto cuando se nace en él. En cambio, también comprobamos cuan fácil es caer en ella cuando las condiciones socioeconómicas aprietan como ocurre en las crisis, especialmente si son de la magnitud como la que ahora atravesamos con la pandemia de covid 19: el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que la carencia material severa ya afecta a más de 147.000 niños y niñas en Andalucía. Según la extrapolación realizada por Save the Chldren, la tasa de pobreza severa se sitúa en Andalucía 10,1% (14,5 teniendo en cuenta el umbral de renta nacional).
Los informes de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas destacan datos muy evidentes que sitúan a nuestro país con uno de los mayores índices de pobreza infantil y de desigualdades entre las naciones europeas. El informe FOESA nos recuerda esta realidad periódicamente y el Observatorio de la infancia de Andalucía (OIA), actualiza estos datos referidos a nuestra autonomía (que pueden consultarse en su página web). Todos estos informes insisten reiteradamente en que se desarrollen políticas y se tomen medidas para reducir la pobreza, especialmente la infantil, con carácter más o menos inmediato, como así han hecho otros países de nuestro entorno en las últimas décadas, consiguiendo progresivamente mayores cotas de cohesión social, que es en definitiva de lo que se trata.
Aunque algunos insisten en que sólo una generación bastaría, naturalmente ningún país ha tenido un éxito tan espectacular como para conseguir su erradicación. Pero unos más que otros han ido alcanzando porcentajes de reducción significativos, porque han considerado que reducir la pobreza es una prioridad política y social indiscutible a la que hay que dedicar no sólo importantes recursos, sino planes y programas específicos, y en definitivas políticas distributivas.
De manera que hoy por hoy, España y Andalucía están a la cabeza de este lamentable ranking y, ante lo que no caben justificaciones ni coartadas. Ello se debe con toda seguridad a una falta de decisión histórica en su afrontamiento. Por eso, establecer y difundir opiniones como las que aseguran que “siempre ha habido pobreza y siempre la habrá…” conducen no a la responsabilidad, ni a la acción, sino a la resignación, que es uno de los mayores aliados para que esta lacra se incremente y se consolide.
Hemos asociado a la pobreza a un problema que afecta a otros países de otros continentes (África, Asia…), y ello, aunque es parte de la verdad, nos impide visualizar la pobreza que tenemos al lado, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios. No vemos la pobreza próxima, no la publicitamos, no queremos verla… Para afrontar el reto de su reducción es necesario mirarla cara a cara, literalmente ponerla en evidencia, no disimularla, ni ocultarla porque puedan pensar que tengamos responsabilidad en ello.
En las ocho provincias andaluzas existen barrios periféricos entre los más pobres de España. Ejemplos como “el Puche” en Jaén, “Almanjallar Cartuja” en Granada, “el Palo” en Málaga o Polígono Sur y Vacie” en Sevilla… En todos ellos existen plataformas ciudadanas que trabajan sin descanso por su integración, pero con poca ayuda efectiva. Seguramente en un futuro la planificación de las ciudades será distinta y orientada a una convivencia más mezclada, sin fronteras entre ricos y pobres. Hay ejemplos como la “remunicipalización de la vivienda” con oferta pública, como ocurre en Berlín o en Viena, incluso en Sevilla… aunque aún son iniciativas poco conocidas y muy tímidas en apoyo institucional.
Otras políticas de carácter redistributivo están dando un resultado evidente, como la salud o la educación pública, las pensiones… aunque ya comprobamos que no son del gusto de todos. Y como la especulación derivada de la privatización de los servicios sociales es otro fuerte aliado de la pobreza, cuando colocan los beneficios por delante de la calidad asistencial más básica, como se ha comprobado en algunas residencias de mayores en la pandemia, señalando que los profesionales que cuidaban en estos casos a los mayores eran también víctimas del mismo proceso.
Tampoco es que se hable mucho y se tenga una conciencia muy extendida sobre la pobreza juvenil. Un país hipoteca su futuro si no es capaz de ofrecer a sus jóvenes una empleabilidad aceptable, una independencia familiar que conduzca a su autonomía natural para poder adquirir una vivienda y construir una familia, que pueda plantearse un posible proyecto de descendencia. Precisamente han sido los jóvenes de la clase media baja los que más han sufrido y perdido oportunidades con la crisis 2008/2014.
Por otro lado, no podemos caer en falacias ya suficientemente desenmascaradas como la que afirma que “para acabar con la pobreza, lo mejor es crear riqueza”. Los momentos históricos de bonanza económica han sido aprovechados por los que ya son más ricos, incrementándose notablemente las desigualdades en lugar de reducirse. Estaréis conmigo en que todo depende de cómo se distribuyen las riquezas.
En estos días se ha aprobado en nuestro parlamento la Ley de Infancia y Adolescencia. En ella se asume (aunque sea en un solo artículo) la necesidad de afrontar y reducir la pobreza infantil; estamos ante un reto que no sólo corresponde a las instituciones (insisten en la ley) sino a la corresponsabilidad política primero, social y ciudadana en segundo lugar, de modo que es un asunto de todos, por lo que estamos dispuestos a participar en este desafío en la parte que nos toca.
*Rafael Muriel Fernández es médico pediatra, especialista en Salud Pública y miembro del Foro Profesional de la Infancia en Andalucía
