Este artículo, escrito al hilo del reportaje publicado ayer por Fuentes de Información, viene a recordar la triste injusticia sufrida por los colonos del castillo de la Monclova en 1958 y 1970. Porque las relaciones de Fuentes con los dueños de la Monclova no son de hoy. Se volvieron muy tensas desde el momento en el que el duque del Infantado expulsó de sus tierras, en 1970, a los últimos 15 colonos, casi todos fotaniegos, que habían hecho productivas las tierras que cultivaban con su sudor y su esfuerzo.

Nadie desconoce que el duque del Infantado es el propietario de El Castillo de la Monclova, finca de unas 11 mil fanegas de tierra, aproximadamente unas 7.000 hectáreas, que en 1970, estaba dividida en 11 cortijos de unas mil fanegas cada uno y que esta finca representa la tercera parte del término municipal de Fuentes de Andalucía. Por eso este latifundio siempre ha estado muy presente en las reivindicaciones de los fontaniegos y sobre todo en los años en que se luchaba por el reparto de la tierra entre los jornaleros. Su distribución en lotes hubiera significado la desaparición de un mal endémico en nuestra población, el paro.

Las tierras del castillo, desde tiempos inmemoriales, albergaron numerosos labriegos como colonos. Trabajaban los lotes de tierra que el duque les había arrendado y que en la mayoría de los casos habían desmontado. Es decir, habían quitado el monte bajo para hacerlas productivas a base de esfuerzo y trabajo y casi siempre con el uso de herramientas manuales, ya que el desmonte se hacía a mano al carecer los colonos de tractores y maquinaria que les ayudasen en dicha tarea. En muchos casos, los colonos cultivaban las mismas parcelas que lo habían hecho sus padres y sus abuelos, con lo que generación tras generación habían dejado allí los esfuerzos de toda su vida para hacer que la tierra fuera útil a la agricultura. Fue el caso de Pepe ”Pingo” y otros muchos.

En 1958, el duque expulsó a varios colonos  sin explicación e indemnización alguna. En el 1970 hizo igual con los quince últimos colonos que aún quedaban en la finca. Por escrito les comunicó, a cada uno, que tenían que abandonar las tierras en un plazo determinado de tiempo. Estos últimos colonos eran la mayoría de Fuentes: los Pastores, los Titos, Calabazo, los Silvestres, Tío las Pipas, Frasquillo, la Viuda, Sebastián el Pingo, Cabrerilla, los Limones, el Sordo, los Gatos, Frasquito Palacios, José Almirón, Siete Labios, Pildorilla y los Guerreros, aunque también los había de La Luisiana.

Ante la grave situación que se creaba a los colonos y a sus familias, dirigente del PCE en la clandestinidad se pusieron en contacto con algunos de dichos colonos para ofrecerles su ayuda y su apoyo. Una primera reunión tuvo lugar en el chozo de “Los Pastores” para ver la posible solución a este problema. Había dos caminos a tomar. Uno era defender sus derechos por la vía legal, aprovechando todo lo que les pudiera ayudar, poniendo el caso en manos de un abogado competente que los defendiera ante los tribunales y dar a conocer el caso a la opinión pública a través de los medios de comunicación, radio, prensa, etc., a pesar de ser conscientes de la censura tan feroz que el régimen franquista ejercía sobre ellos (tan sólo el Correo de Andalucía se atrevió a tratar el tema en sus editoriales y páginas interiores), implicando también a la Iglesia, pues cada vez eran más los curas-obreros que se oponían al régimen y a los sectores más progresistas dentro y fuera del pueblo.

El segundo camino era resignarse sin hacer nada y aceptar sin más la decisión del duque satisfaciendo su ego. Los colonos asistentes a esta primera reunión optaron por la primera opción en defensa de sus derechos e intereses y hacerle frente al duque del Infantado. Se acordó hablar con todos y plantearles lo que se había hablado en este primer contacto, así como tener una nueva reunión en la que estuviesen todos y, si estaban de acuerdo, iniciar el largo proceso legal en la defensa de los colonos y sus familias.

Al mes aproximadamente tuvieron una segunda reunión a la que asistieron todos los colonos, junto al abogado que se iba a hacer cargo de los tramites y querellas que había que plantear ante los tribunales de justicia, siempre que la mayoría de ellos estuviera de acuerdo con iniciar el proceso judicial. El abogado era José Julio Ruiz Moreno, un sevillano comprometido y muy sensible a las injusticias sociales. Previamente se le había explicado la situación y los planteamientos que esgrimían los colonos para que accediese a hacerse cargo, como defensor, del proceso que llevaría al duque del Infantado a los tribunales.

En marzo de 1970 se realizó una asamblea con todos los colonos y en ella el abogado les planteó el tema jurídicamente y las posibilidades que había de ganar, que no eran muchas. Asimismo les dijo que llevando el caso sólo por la vía judicial no se tendría mucho éxito, por lo que era conveniente hacer de este proceso un escándalo,  que llegara al mayor número de sitios, implicando también a cuantas personas se pudiera, a favor de la causa de los colonos. Los colonos vivían este proceso con cautela y recelo, dada la situación creada por el duque en las anteriores expulsiones de colonos, así como en las condiciones en que se producía esta nueva expulsión, con pocas esperanzas de ganar, dadas las escasas garantías jurídicas existentes, ya que los tribunales de justicia estaban supeditados a las directrices del régimen franquista y no actuaban con la libertad e independencia de un estado de derecho.

El régimen tampoco iba a permitir que unos pobres colonos sacasen adelante sus intereses frente a los señores terratenientes, que eran uno de los pilares en que se asentaba, porque podría ocurrir que se produjese una reacción en cadena de los miles y miles de colonos que se iban a quedar sin tierra en aquellos años. Los colonos pronto tomaron conciencia de su problema y entendieron que había que hacerlo público, para que la sociedad se enterase de la actitud tan déspota del duque del Infantado y para que tuviese repercusión en la opinión pública se mandaron escritos, explicando el suceso, a los medios de comunicación de la época, prensa y radio. También se quiso implicar a una organización potente, la Iglesia.

Por aquellos años el párroco de la Iglesia de Santa María la Blanca de Fuentes se llamaba Eduardo,y tenía una actitud aperturista y dialogante, interesándose por los problemas sociales y económicos de los menos favorecidos y al mismo tiempo mantenía una conciencia progresista, democrática y antifranquista, como otros muchos sacerdotes de la provincia. Esta actitud ante los problemas de todos permitió que se le solicitase una reunión con los colonos afectados para que les dieran a conocer su situación, su actitud y los procesos a seguir.

El cura, como era de esperar accedió gustosamente a tener la reunión con los colonos. Estos le expusieron su problemática y le enseñaron el escrito que el duque les había remitido comunicándoles el desahucio de las tierras. El párroco les propuso gestionar una entrevista con el arzobispo de Sevilla, que nunca se concedió porque los dirigentes de la Iglesia eran un pilar fundamental de la política fascista del régimen de Franco. Por aquellos días el arzobispo realizó una visita pastoral a Fuentes y el  cura se puso de acuerdo con los colonos para que pudiesen entrevistarse con él. Los introdujo en la sacristía para que cuando el arzobispo terminara el acto religioso le pudieran hablar. Así sucedió. Cuando se dirigía a la sacristía se encontró de bruces con los colonos, que le estaban esperando, y no le quedó más remedio que hablar con ellos. Le expusieron su situación y el arzobispo se comprometió a interceder ante el duque.

Si lo hizo o no, nunca se supo. Lo que sí ocurrió fue que desde ese momento las cosas empezaron a ir de mal en peor para los colonos y la situación se hizo cada vez más negativa para ellos. El abogado que los defendían fue condenado a la cárcel. Ellos buscaron otro abogado defensor, pero las cosas iban a peor y entre los colonos cundió el desánimo y el miedo. El juicio, cuando se celebró, como era de esperar, lo ganó el duque del Infantado y los colonos fueron legalmente desahuciados de las tierras, en otro tiempo yermas, que desde al menos tres generaciones habían hecho fértiles con su sudor y esfuerzo. De nada valió la justicia, la prensa, las denuncias, la Iglesia y los obreros que les apoyaron.

La injusticia triunfó, fueron expulsados de las tierras del castillo, no recibieron a cambio ninguna indemnización, pero les quedó la dignidad y el orgullo de haber luchado por lo que ellos consideraban que era suyo. Desde ese momento las relaciones entre la casa ducal y la población de Fuentes no ha sido buena, porque un gran terrateniente nunca perdonaría que unos miserables colonos tuviesen la osadía de oponerse a sus decisiones cuando él y sus antepasados habían sido “buenos y generosos” con ellos al permitirles que con su sudor, su esfuerzo y su tesón hubiesen quitado poco a poco las plantas de monte bajo que poblaban sus parcelas y hacer cultivable la tierra yerma.  

Un pueblo no puede, no debe, doblegarse ante nadie. Ni permitir ninguna injusticia que se fundamente en la pervivencia de los derechos señoriales, heredados de la Edad Media y que fueron anulados por todas las constituciones, desde la Constitución de 1812 hasta la del 1978. Esta vez David perdió frente a Goliat.