Las condiciones climatológicas del año 1930 no fueron muy propicias para la actividad agrícola, base de la economía local, por lo que la situación de la población era de una verdadera crisis, sobre todo para los braceros. No había jornales debido a la escasez de cosechas y el otoño fue duro por la ausencia de sustento de todas las familias. Ante esta situación tan acuciante, una comisión de obreros del campo acudió al ayuntamiento, organismo público más próximo a ellos y el único que podía interceder ante las autoridades superiores. Había que paliar las estrecheces de los obreros solicitando a las autoridades provinciales ayuda y medios para resolver la aguda crisis de trabajo que atravesaban.

Debemos pensar que en aquellos años los trabajadores carecían de todo tipo de seguros que les dieran cobertura en caso de paro, enfermedad o accidente. Ahora los obreros del campo, llamados en otras épocas braceros, poseen el seguro agrícola y para tener las peonadas exigidas pueden apuntarse a los programas de desempleo que el ayuntamiento, como gestor, ofrece a fin de obtener la cobertura de su seguro.

Por ello, reunido el concejo el 30 de diciembre del año en curso, el alcalde propuso a los concejales, ante la crisis por la que pasaba la población y especialmente los obreros y que se extendía por toda la región, como medio más viable para atender la demanda de los jornaleros que las obras que tenía en proyecto el ayuntamiento de pavimentar la calle Roque Vasco, se hiciera por administración directa de la corporación municipal, obviando todos los trámites de subasta a concurso que el Estatuto Municipal disponía.

Las obras del ayuntamiento podían ser realizadas mediante una subasta para adjudicarlas al mejor postor. Al ayuntamiento le correspondía la supervisión mediante un maestro albañil que era conocido como “maestro de la villa” y  que era el encargado de contabilizar todo el costo de la obra a ejecutar, tanto los materiales como los jornales empleados.

El acuerdo autorizó suprimir los trámites de dicha subasta porque se trataba de una reconocida urgencia que, por causas imprevistas, demandaba un pronto servicio y bien, en este caso. La calle era el paso obligado como una de las principales entradas del pueblo y la situación de los obreros no podía esperar a que se realizasen los trámites de la subasta. Así se acortaba la angustia que sufrían y que la corporación estaba obligada a remediar urgentemente.

Los concejales, en vista de las manifestaciones del alcalde, comprendiendo la obligación que tenían como defensores y representantes de los vecinos y, teniendo en cuenta que esta aprobación podría evitar que los obreros llegaran a generar conflictos si no se empleaban, a parte de la gran cantidad de ellos que estaban sin trabajo, acordaron por unanimidad dispensar esta obras de los trámites de la subasta y, por tanto, verificarla por administración directa.

Otra medida para subsanar la crisis obrera fue solicitar a la Diputación provincial la construcción de un camino desde Fuentes a la carretera nacional IV a la altura del Castillo de la Monclova, cuyo coste se cubriera con un préstamo por valor de la obra de este organismo provincial, pagadero en 20 años. Esto ya se había hecho con otras obras, por ejemplo con el camino que unía Fuentes con Carmona.

Este proyecto no pudo llevarse a cabo porque el 30 de enero de 1931 el Rey le retiró su confianza al dictador y todos los órganos de gobierno, desde ayuntamientos hasta los ministros fueron cambiados por otros, con lo que muchos proyectos que se querían llevar a cabo quedaron en el olvido. Derroteros y vicisitudes políticas de un país cambiante.